Los vecinos señalan que el funcionario no solo cerró el paso, sino que además está construyendo un área que no le corresponde, alterando la infraestructura de la zona sin permisos visibles ni consulta previa.
El caso ha abierto un debate sobre cómo se aplican los criterios de paridad en cargos judiciales y la importancia de respetar los resultados electorales sin alterar la voluntad popular.
Algunos internos habrían sido sacados del penal para cometer ilícitos, entre ellos atracos y hasta homicidios, aunque estas afirmaciones no han sido comprobadas.