Los habitantes lanzaron una advertencia directa al Gobierno del Estado: si las autoridades no frenan lo que consideran una invasión territorial, podría generarse un enfrentamiento entre pobladores.
El posicionamiento de las autoridades deja dudas toda vez que demandaron mayor claridad tanto en la distribución de los recursos municipales como en la rendición de cuentas.
El mandamiento judicial fue obsequiado por el Juez Quinto de Control y Juicio Oral, adscrito al Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, contra Carlos Alberto N.
Se demostró que los agremiados al movimiento y políticos de oportunidad no les interesa pactar acciones que beneficien al pueblo, sino saciar sus intereses personales.