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Representantes de Televisa y Teléfonos de México (Telmex) se confrontaron en el Senado, durante el segundo día de audiencias públicas en torno a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre legislación secundaria en telecomunicaciones.
Los dos agentes preponderantes sólo coincidieron en que debe modificarse la propuesta presidencial, aunque los cambios que plantearon no son los mismos, sino opuestos diametralmente en algunos puntos.
De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, la larga sesión, encabezada por el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano del PAN, tuvo como punto neurálgico el choque entre los dos consorcios de telecomunicaciones, luego del ataque inicial de Televisa contra la empresa de Carlos Slim.
El vicepresidente jurídico regulatorio de la televisora, Luis Mancera Arrigunaga, acusó al consorcio Telmex-Telcel de concentrar el mercado de telefonía a través de un título concesión que parece ‘‘la Constitución’’, y dijo que desde hace 15 años ‘‘le ha visto la cara’’ a los mexicanos.
A su juicio, la iniciativa debe sentar las bases para que ‘‘jugadores serios emparejen la cancha de juego’’, al obligar a Telmex a compartir la infraestructura y permitir la interconexión en tarifa cero.
Sin la virulencia del representante de Televisa, el director jurídico de Telmex y América Movil, Alejandro Cantú Jiménez, le respondió que se olvida de que ellos han invertido 30 mil millones de dólares y no le pueden pedir que regale su inversión y permita el uso gratuito de su red, además de esperar dos años para poder incursionar en televisión restringida.
El otro representante de Telmex, el director de Asuntos Regulatorios, Javier Mondragón Alarcón, resaltó que la iniciativa violenta la reforma constitucional en telecomunicaciones y va en contra de la concesión que se otorgó a Teléfonos de México para prestar el servicio de telefonía, al imponerle toda una serie de normas.
‘‘No es parejo el piso si nos dicen ‘primero te obligo a invertir y ahora te obligo a que regales el producto de tu inversión y te establezco reglas para que tú no puedas reaccionar al cambio de tarifas para tus competidores’, lo cual no sólo va en perjuicio de Telmex, sino del Estado y de los competidores’’, recalcó Mondragón.
Al foro acudieron representantes de Televisa, Telmex, América Móvil, Tv Azteca, Telefónica, Axtel, Iusacell y Nextel, así como de los grupos Imagen, Fórmula, Acir, Multimedios y MVS.
Peter Bauer, que habló en nombre de MVS, advirtió que la iniciativa presidencial beneficia a Televisa, ya que se le permite controlar el mercado de la televisión restringida, donde no se le puede nombrar agente preponderante, además de que lo dispuesto en el artículo 276 permite al consorcio de Emilio Azcárraga comprar más empresas. ‘‘Es como si se permitiera a Telcel adquirir Iusacell o Telefónica Movistar’’, ejemplificó.
En la audiencia de ayer intervinieron también funcionarios de Tv Azteca y las principales radiodifusoras, que junto con el otro representante de Televisa, Joaquín Balcárcel, aplaudieron la reforma que regula a Telmex, pero pidieron que se flexibilice en lo que toca a radiodifusión.
Insistieron en que las sanciones son ‘‘desproporcionadas’’ y pidieron cambios en el pago de contraprestaciones por el uso de las frecuencias, modificar el capítulo que obliga a los concesionarios a intervenir comunicaciones y bloquear señales.
Cristina Ruiz de Velasco, vicepresidenta de relaciones institucionales y comunicaciones de Nextel de México, mencionó que la regulación de las tarifas on net-off net es esencial para combatir la concentración de mercado.
Ermilo Vázquez, director jurídico de Axtel, indicó que sí es necesario ajustar el esquema de tarifas de interconexión bajo un esquema de costo incremental a largo plazo y fijar los esquemas de preponderancia por servicios y no por sectores.
Jesús Celorio, de Iusacell, afirmó que México sí es el lugar más concentrado del mundo en este rubro y siempre ha tratado al incumbente como un competidor, más cuando no hay igualdad.
Durante las 11 horas que duró la sesión hubo muy pocos legisladores y destacó el trato amabilísimo de Lozano Alarcón con los concesionarios de televisión –junto con las presidentas de las comisiones de Estudios Legislativos, la priísta Graciela Ortiz, y de Radio, Televisión y Cinematografía, Alejandra Barrales, los acompañó hasta la salida del recinto senatorial cuando se retiraron–, con cuestionamientos a Telmex y descalificaciones a quienes criticaron la iniciativa.
Fue el caso de Agustín Ramírez, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), quien criticó que sólo se hubiera invitado a cinco organizaciones de la sociedad civil frente a una treintena de concesionarios, y cuestionó que no se tome en cuenta la iniciativa de ese organismo, signada por 18 senadores, lo que motivó una acre respuesta de Lozano y de la priísta Ortiz, quien le recordó que ‘‘son los legisladores los que representan a la sociedad’’.
Representantes de los medios públicos de comunicación, entre ellos el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y Canal 11, expresaron la necesidad de que se permita la comercialización de sus espacios para poder obtener recursos propios.
Según otra nota del diario 24 Horas, Enriqueta Cabrera Cuarón, directora del Canal 11, dijo que se debe garantizar a los medios públicos que estos contarán con los recursos necesarios e indispensables a fin de generar contenidos de calidad para la sociedad mexicana.
En su intervención, Carlos Lara Sumano, director General del Instituto Mexicano de la Radio, dijo que se debe abrir la posibilidad a los medios públicos de captar recursos propios para no ser una carga fiscal.
En el Panel de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Agustín Ramírez Ramírez, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información AMEDI, declaró que la iniciativa afecta tanto a medios privados como públicos. “La iniciativa del presidente de la República –dijo- constituye una regresión que podría diluir la reforma constitucional de junio del 2013”.
Afirmó que con estas propuestas de ley secundaria, se constituye un regulador débil supeditado al gobierno federal, que ignora a las audiencias, a la importancia de los medios públicos y de uso social, y promueve una regulación de preponderancia contraria a la reforma constitucional.