- Nacional
El Senado aprobó ayer un paquete de reformas legales que fija nuevas reglas para las contiendas electorales, que serán aplicadas en 2015.
Las nuevas leyes electorales buscan controlar el trabajo periodístico para evitar que la denominada “cobertura informativa indebida” provoque la anulación de comicios a partir del 2015, y ordenarían al Instituto Nacional Electoral (INE) emitir lineamientos a los conductores de noticias para que no incurran en anomalías.
En periodo extra, la Cámara alta avaló, por mayoría de votos, las nuevas leyes de Partidos Políticos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de modificaciones a las leyes de Medios de Impugnación y Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Las minutas fueron turnadas a la Cámara de Diputados, según se informa en una nota del periódico Reforma.
Durante el debate, los legisladores reconocieron que los cambios buscan desterrar prácticas registradas en elecciones recientes, como la injerencia de los gobernadores, la simulación en los gastos de campaña y hasta escándalos como el de Monex-Soriana.
"El punto de partida fue eliminar el secuestro que los gobernadores tenían respecto de los órganos electorales", señaló Alejandro Encinas, senador del PRD.
"No queremos el uso indiscriminado de prácticas inapropiadas, como las tarjetas electrónicas o cualquier trampa electoral", expresó el panista Juan Carlos Romero Hicks.
La reforma define las facultades del Instituto Nacional Electoral para asumir y delegar funciones ante los nuevos Organismos Públicos Locales (Oples).
El INE tendrá la capacidad de atraer los procesos electorales locales, en casos de excepción y cuando no haya condiciones para garantizar la legalidad de los comicios.
También nombrará a los nuevos consejeros estatales, hará la redistritación e incluso podrá centralizar la fiscalización de los recursos.
Por otro lado, también reglamentan el uso del dinero público y privado al que tienen acceso partidos, precandidatos y candidatos.
En el caso del prorrateo de los gastos de campaña, los senadores establecieron un total de 11 fórmulas.
A través de ese mecanismo, se pretende fijar tope a los porcentajes en la distribución del gasto en los candidatos a la Presidencia, Senado, Cámara de Diputados y candidatos en elecciones locales.
Para el financiamiento privado, establecen un tope que permitirá a los partidos recaudar no más de 80 millones de pesos.
Según la nota del diario Reforma, las nuevas disposiciones definen el concepto en materia de propaganda y sólo permite utilitarios textiles.
Además, detallan la obligatoriedad de dos debates para los candidatos presidenciales, que deberán transmitirse por estaciones de radio y televisión de concesionarias de uso público.
Los concesionarios de uso comercial transmitirán los debates en por lo menos una de sus señales, que deberá contar con una cobertura de más del 50 por ciento del territorio nacional.
En cuánto las sanciones, la legislación establece que el INE sólo podrá actuar como denunciante cuando servidores públicos violen la legislación electoral.
Los funcionarios serán castigados con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.
La reforma incluye disposiciones para garantizar la paridad de género y el voto de los mexicanos en el extranjero.
A pesar de los avances, senadores del PAN y PRD lamentaron que las candidaturas comunes sólo se permitan a nivel local y no federal.
Noticia contra publicidad
Con el voto de 112 senadores, el pleno del Senado avaló las adiciones y modificaciones pactadas a lo largo del día, al dictamen original de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las reformas y adiciones a otras tres leyes federales.
En ellas se deja claro que “para efectos de lo dispuesto en la Base VI del artículo 41 de la Constitución (referente a las causales de nulidad electoral), se presumirá que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a incluir en las preferencias electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico”.
Según otra nota del periódico Excélsior, se aclara que “a fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y a fin de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite”.
De igual forma, los senadores añadieron al dictamen original la disposición de que “previa consulta con las organizaciones que agrupen a los concesionarios de radio y televisión y a los profesionales de la comunicación, el Consejo General aprobará, a más tardar el 20 de agosto del año anterior al de la elección, los lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se recomienden a los noticiarios respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de los candidatos independientes”.
Además, dispone que los concesionarios de televisión restringida que distribuyan señales de radiodifusoras derivadas de la multiprogramación, “deberá incluir, sin alteración alguna, los mensajes de los partidos políticos y las autoridades electorales.
“(…) En cada canal de multiprogramación autorizado a los concesionarios que presten servicios de radiodifusión se deberá cumplir con los tiempos de Estado en los términos de esta ley y las disposiciones en materia de telecomunicaciones”.
De esta forma, el Senado concluyó un periodo de 80 días de negociaciones para construir las leyes secundarias en materia electoral. Sus principales constructores, Cristina Díaz, Arely Gómez y Miguel Chico Herrera; los panistas Roberto Gil Zuarth y Juan Carlos Romero Hicks, así como los perredistas Alejandro Encinas, Isidro Pedraza, Luis Sánchez, Armando Ríos Piter y Benjamín Robles Montoya, y el verde Carlos Puente, detallaron el contenido.
Coincidieron en que se trata de instrumentos jurídicos que garantizan la certeza de los procesos electorales; que crea un piso más parejo en la competencia electoral; que ofrece a los mexicanos la confianza de que cuenta con un sistema electoral confiable, con mecanismos equitativos.
El presidente del Senado, Raúl Cervantes, hizo un reconocimiento a todos los senadores que construyeron este entramado jurídico, pero también al equipo de asesores y secretarios técnicos, junto al consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos y al subsecretario de Enlace Legislativo, Felipe Solís Acero.
En el listado leído por Cervantes; sin embargo, se colaron nombres de legisladores que en ningún momento estuvieron en la negociación, como Jorge Emilio González, coordinador de los senadores del Partido Verde.