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Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamentales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Tlaxcala se colocó en el top ten de las entidades federativa más corruptas al quedar en el octavo lugar.
Los datos proporcionados la víspera por el organismo, computaron las experiencias de la población al enfrentar una situación de corrupción a la hora de realizar algún trámite, solicitar un servicio y o contactarse con servidores públicos diversos.
Así las cosas, los 10 estados más corruptos son son San Luis Potosí, Distrito Federal y Estado de México; luego siguen Chihuahua, Quintana Roo, Tabasco, Jalisco, Tlaxcala, Michoacán y Oaxaca.
Según los resultados globales, el nivel de nacional de tasa de incidencia de corrupción por cada 100 mil habitantes es de 24 mil 724 y son los policías de los tres niveles de gobierno los más corruptos, pues el 50.6 por ciento de la población así los calificó, seguido por los trámites relacionados con la propiedad en un 24.8 por ciento.
El INEGI informó que esta es la primera encuesta sobre el tema de corrupción en el sector público que se hace en el país.
En distintos foros, el mandatario estatal Mariano González Zarur ha asegurado que en su administración se ha acabado la corrupción y que su gobierno es una caja de cristal, lo cual ha quedado en entredicho con esta encuesta que coloca a Tlaxcala en el top ten de las entidades federativas más corruptas.
Por otro lado, en base a las “Estadísticas a Propósito del Día de la Administración Pública” indican que 30 de los 32 estados del país – incluido Tlaxcala – cuentan con programas anticorrupción que significa que ha declaración patrimonial de los servidores públicos y mecanismos de denuncia ciudadana; sin embargo, los temas de menor presencia son la evaluación de resultados del propio programa, así como el tratamiento o reducción de riesgos o actos de corrupción.
También llevan a cabo la difusión y capacitación con base en códigos de ética, identificación de trámites y servicios propensos a corrupción, generación de normas para combatir la corrupción, operativos de programas de usuario simulado o similares, tratamiento o reducción de riesgos o actos de corrupción y evaluación de resultados del programa anticorrupción.