- Tlaxcala
Previo a la celebración del 14 de febrero, propietarios de moteles en Tlaxcala y Chiautempan han denunciado una presunta campaña de acoso y hostigamiento por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIST).
Según los quejosos, el personal de la dependencia ha comenzado a realizar visitas frecuentes a estos establecimientos, buscando cualquier mínima falla o presunta irregularidad con el objetivo de imponer clausuras.
De esta manera, los afectados consideraron que los inspectores de la dependencia abusan de sus funciones, ya que por la mínima irregularidad o carencia, realizan señalamientos.
Entre las irregularidades señaladas por los inspectores, se encuentra la falta de toallitas para secarse las manos en los baños o la ausencia de un instructivo para la correcta limpieza de manos, elementos que son considerados motivo suficiente para aplicar sanciones o proceder con el sellado de los establecimientos. Por cada cierre temporal o sanción impuesta, los inspectores exigen un pago de 50 mil pesos.
Uno de los casos más controversiales es el señalamiento de que una simple colilla de cigarro en las instalaciones es considerada un riesgo sanitario, lo que ha sido interpretado por los dueños como una acción desproporcionada.
Además, se les ha acusado de hostigar a los establecimientos por permitir el consumo de bebidas embriagantes dentro de las instalaciones.
Ante esta situación, los propietarios han señalado que la titular de la COEPRIST, Mónica Yazmín Jiménez Gutiérrez, está incurriendo en prácticas ilegales y corruptas que afectan la operación de los moteles.
Los denunciantes afirman que estas clausuras y sanciones se realizan con un claro interés económico y con dolo, ya que coinciden con la fecha previa al 14 de febrero, un periodo de alta demanda para los moteles. Según los dueños, estas acciones no solo afectan la economía de sus negocios, sino que también generan un clima de incertidumbre e inseguridad para los empleados y clientes.
La denuncia pone de manifiesto un presunto abuso de poder por parte de las autoridades sanitarias, y los dueños de moteles piden una pronta intervención para revisar estos procedimientos y evitar que continúen las prácticas que consideran ilegales.