- Política
La aspiración de Silvia Angélica Temoltzin a ser juez en la Sala Civil y Familiar del Poder Judicial del Estado ha encendido la polémica, luego de que una denuncia ciudadana la señalara de presuntos actos de tráfico de influencias, violencia familiar y despojo.
Fue un pariente quien hizo públicas las denuncias a través de redes sociales en las que afirma que la aspirante a magistrada utilizó su posición y vínculos dentro del sistema judicial para intervenir de forma irregular en un proceso de divorcio y pensión alimenticia, beneficiando a su hermano —deudor alimentario— y quedándose con el domicilio familiar que compartía con sus hijas.
“Me sorprende verla en videos donde se promueve como defensora de la justicia y de la familia, cuando ella despojó a mis hijas de su casa, nos amenazó y protegió a su hermano, quien hasta el día de hoy no cumple con la pensión alimenticia para sus tres hijas”, señala la denunciante.
De acuerdo con su testimonio, el proceso de divorcio con el hermano de la candidata, inició en 2016, pero los conflictos familiares —incluyendo agresiones físicas y amenazas por parte de Silvia Temoltzin— comenzaron desde años antes.
“La denuncié en febrero de 2013 por amenazas, pero nunca se presentó; en cambio, me dijo que no podía permitir que la afectara porque podía perder su trabajo”, afirma.
Además, dos de las cuentas bancarias destinadas al depósito de pensión alimenticia de sus hijas fueron dadas de baja por falta de movimientos, lo que ha afectado directamente la manutención de las menores. La única cuenta activa pertenece a su hija mayor, Ximena, quien la utiliza para costear sus estudios universitarios.
Mientras la aspirante se promociona hipócritamente como una mujer comprometida con la legalidad, la equidad y la familia, la denunciante sostiene que “ese discurso es contradictorio e hipócrita”, pues en los hechos, “nunca actuó con justicia ni empatía, y usó su influencia para silenciarme y quedarse con lo que era el hogar de mis hijas”.
Según relata, incluso el abogado que la representó durante el proceso legal fue intimidado y amenazado, situación que quedó sin seguimiento tras su fallecimiento.
La denuncia pública ha generado indignación entre colectivos de mujeres y madres solteras que consideran inaceptable que una persona con este tipo de antecedentes familiares y cuestionamientos éticos aspire a ocupar un cargo tan relevante dentro del Poder Judicial.