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En un acto irregular y sospechoso, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) presuntamente solicitaría una carta de autorización mediante la cual pide a madres, padres y tutores permitir el uso de la imagen y la voz de niñas, niños y adolescentes beneficiarios de programas sociales.
De acuerdo con el documento que circula en redes sociales, la autorización permitiría la reproducción y difusión de imágenes y audio de los menores en campañas del DIF y del Gobierno del Estado, a través de distintos medios como redes sociales, televisión, radio y plataformas digitales. No obstante, el contenido y la forma del escrito han generado cuestionamientos entre ciudadanos y especialistas en materia legal.
Uno de los principales señalamientos es que la carta carece de elementos formales básicos, como membrete oficial, logotipos institucionales o la identificación clara de la autoridad responsable del tratamiento de los datos personales, lo que ha levantado dudas sobre su validez jurídica y el cumplimiento de la normatividad en materia de protección de datos.
Asimismo, el documento establece un consentimiento “gratuito, irrevocable e incondicional”, lo cual ha sido observado por abogados, quienes advierten que la legislación vigente permite la revocación del consentimiento, especialmente cuando se trata de datos sensibles como la imagen de menores de edad.
Otro punto que ha sido motivo de debate es la posible falta de voluntariedad plena, en caso de que la firma de esta autorización esté vinculada al acceso a apoyos o beneficios sociales, situación que podría interpretarse como una presión indirecta hacia familias en condiciones de vulnerabilidad.
Especialistas también han advertido sobre el riesgo de un uso inadecuado de las imágenes en un contexto político relevante como el de 2026, recordando que la normatividad en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes y los criterios electorales establecen límites estrictos para evitar la utilización de menores con fines de promoción gubernamental.
Aunque el DIF ha señalado que el uso de imágenes responde a fines informativos y de asistencia social, la difusión del documento ha generado molestia entre los usuarios de redes sociales e incluso de padres involucrados, principalmente porque el tema tiene que ver con la protección de los derechos de la infancia, la transparencia en los programas sociales y los límites entre comunicación institucional y posible uso propagandístico.