Aunque el presunto agresor fue detenido, recuperó su libertad horas después al pagar siete mil pesos, lo que ha levantado fuertes cuestionamientos sobre el actuar de las autoridades y un posible trato privilegiado.
La autorización permitiría la reproducción y difusión de imágenes y audio de los menores en campañas del DIF y del Gobierno del Estado, a través de distintos medios como redes sociales, televisión, radio y plataformas digitales.