- Política
Ni tardo ni perezoso el diputado local y delegado estatal del Partido del Trabajo (PT), Silvano Garay Ulloa solicitó licencia al cargo “por tiempo indefinido” en el Congreso del Estado, y sin el menor recato político, allanó el camino para que su propio hijo Silvano Garay Loredo asuma el escaño, en un relevo que refuerza la percepción de nepotismo y profundiza el descrédito hacia la representación legislativa.
La petición fue presentada sin mayor contexto ni justificación, y leída de manera escueta durante el apartado de correspondencia legislativa, pese a tratarse de un representante popular que apenas acumula un año y cuatro meses en el cargo, tiempo en el que su desempeño ya había sido cuestionado por sectores sociales y políticos.
Lejos de tratarse de una salida responsable o transparente, la licencia solicitada por Garay Ulloa apunta a una maniobra política de simulación, ya que su ausencia sería cubierta por su propio hijo, el diputado suplente Silvano Garay Loredo, lo que en los hechos consolida una sucesión familiar directa dentro del Poder Legislativo.
El escenario resulta aún más controvertido si se considera que Garay Loredo es hermano de la diputada federal reeleccionista Jordana Garay Loredo, lo que para diversos analistas evidencia la concentración de cargos públicos en un mismo núcleo familiar, bajo el amparo de las siglas del PT, partido que en el discurso dice combatir los privilegios, pero que en la práctica los reproduce.
Y es que la familia Garay se ha caracterizado por perpetuarse en el poder y vivir del erario sin la mínima vergüenza, amen de que el legislador es uno de los más improductivos al no presentar iniciativas ni trabajo legislativo que abone en el desarrollo de Tlaxcala.
Se trata de un levanta dedos y de un congresista convenenciero “a modo” e interesado que toma decisiones de acuerdo a sus intereses partidistas y económicos, dándose a conocer no por su trabajo legislativo sino por la ambición del poder y la flojera con la que se conduce.
El documento de solicitud fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, instancia que deberá determinar su procedencia legal; sin embargo, el trámite legislativo no disipa el fondo del problema: el uso patrimonial del poder, la normalización del relevo familiar y la ausencia de consecuencias políticas para quienes abandonan responsabilidades sin dar la cara.
Este episodio se suma a una larga lista de prácticas que han deteriorado la credibilidad del Congreso local, donde las licencias estratégicas, los cargos heredados y los acuerdos de cúpula siguen pesando más que el interés público.