- Política
La dimisión o licencia, únicas salidas ante el cinismo y la herencia política
Tlaxcala vive hoy una de las etapas más oscuras de su historia política, atrapada entre la ambición desmedida de un alcalde ausente y la protección descarada de una gobernadora que confunde la administración pública con un patrimonio familiar.
Lorena Cuéllar y Alfonso Sánchez García han convertido al gobierno estatal y al Ayuntamiento en meras oficinas de relaciones públicas electorales para la campaña anticipada del delfín a la gubernatura. Es una pretensión que resulta no solo prematura, sino grotesca por el uso impune de recursos materiales y económicos de origen público.
Verdaderamente es una afrenta a la dignidad de los ciudadanos. Mientras, el estado se cae por la inseguridad, corrupción y la capital se desmorona bajo la ineficiencia y el descuido del alcalde.
Con el presupuesto estatal se pretende inflar la imagen de un personaje cuya única virtud parece ser la lealtad ciega a la sombra del poder estatal.
La indignación ciudadana ha llegado a un punto de no retorno: si Sánchez García tiene la mirada puesta en la silla de Palacio de Gobierno, lo mínimo que la decencia política le exigiría es abandonar de inmediato el cargo para el que fue electo.
Es inadmisible que el alcalde se dedique a placearse y a tejer redes electorales con el dinero de los contribuyentes, dejando sus obligaciones fundamentales en el abandono absoluto o, peor aún, bajo un control operativo externo.
Tlaxcala no votó por un gobierno tutelado ni por una monarquía de facto donde el titular desaparece para hacer proselitismo mientras la administración queda, según denuncias ciudadanas, en manos de incompetentes y borrachos servidores públicos municipales.
Este vacío de autoridad es una negligencia que los tlaxcaltecas no pueden seguir financiando con sus impuestos.
Lo que presenciamos no es solo un abuso de confianza, sino una violación sistemática al marco legal vigente. La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala es tajante al prohibir los actos anticipados de campaña. Cualquier expresión o despliegue que busque posicionar a un individuo frente al electorado fuera de los plazos legales constituye una infracción grave que debería derivar en la negativa del registro de su candidatura. La equidad electoral está siendo pisoteada desde el poder, rompiendo las reglas del juego democrático antes de que suene el silbatazo inicial.
Aunado a esto, el Artículo 134 de la Constitución Federal, replicado en la normativa local, obliga a los servidores públicos a aplicar los recursos con imparcialidad. El uso de personal, vehículos y programas sociales para promover la imagen de Sánchez García, bajo el amparo del Ejecutivo estatal, no es solo una falta ética, sino un posible delito de desvío de recursos y propaganda personalizada prohibida.
Asimismo, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala sanciona el descuido de las funciones delegadas; un alcalde tiene la obligación legal de cumplir con diligencia el servicio encomendado, no de utilizarlo como trampolín mientras cobra un sueldo del erario.
Por si fuera poco, la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala define las facultades del Presidente Municipal como intransferibles. Ceder el control político o la toma de decisiones estratégicas a terceros que no cuentan con un mandato constitucional es un ejercicio indebido del cargo que deslegitima por completo la autoridad municipal.
El descaro con el que se promociona esta "sucesión impuesta" rompe con cualquier principio de justicia. No se puede gobernar una capital a medias ni utilizarla como un botín financiado por la maquinaria lorenista.
La exigencia es tajante: si su aspiración es mayor que su compromiso, Alfonso Sánchez García debe renunciar hoy mismo.