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  • Adolfo Tenahua Ramos
El diputado también cuestionó la postura de algunos ayuntamientos frente a los procesos de revisión.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejara sin efectos la auditoría aplicada al municipio de Contla de Juan Cuamatzi por invasión de competencias, el diputado local Bladimir Zainos Flores sostuvo que la fiscalización del gasto público sigue siendo una obligación irrenunciable del Congreso del Estado.

El legislador quien preside la Comisión de Finanzas y Fiscalización, subrayó que, más allá del resolutivo judicial, “no está de más fiscalizar en qué se gastan los recursos”, al recordar que el Poder Legislativo tiene la facultad constitucional de revisar el uso del dinero público, particularmente el de origen estatal y municipal.

Zainos Flores explicó que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se centra en un tema de competencias, al señalar que no se puede auditar recurso federal sin un convenio formal con la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, aclaró que esto no limita la obligación de vigilar el destino de los recursos locales.

En ese sentido, reveló que existe un convenio de coordinación con instancias fiscalizadoras que permite realizar acciones concurrentes, siempre dentro del marco legal, con el objetivo de fortalecer la transparencia en el ejercicio del gasto.

El diputado también cuestionó la postura de algunos ayuntamientos frente a los procesos de revisión. “¿A qué le tienen miedo? El dinero es de los tlaxcaltecas y se debe informar en qué se gastó”, expresó, al insistir en que la rendición de cuentas no debe verse como una confrontación, sino como un ejercicio democrático.

El posicionamiento surge luego de que la Corte invalidara la auditoría practicada a Contla, al determinar que el Congreso local y su órgano técnico carecían de atribuciones para revisar recursos federales sin un acuerdo previo, lo que dejó sin efectos los dictámenes emitidos.

Pese a ello, Zainos reiteró que los municipios no están exentos de ser fiscalizados, siempre que las revisiones se realicen conforme a la ley y respetando los límites establecidos entre los distintos niveles de gobierno.

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