El máximo tribunal del país resolvió la controversia promovida por la comuna y declaró inválidas las restricciones que imponían límites al gasto en materia de adquisiciones y obra pública.
La medida aún no puede ejecutarse de manera inmediata debido a que existe un juicio de amparo vigente que mantiene suspendidos los efectos de la resolución.
Entre los puntos observados por el máximo tribunal se encontraron cuotas diferenciadas para trámites de nomenclatura oficial dependiendo del tipo de inmueble.
El fallo obliga al Congreso del Estado a legislar de manera inmediata para armonizar el marco legal local y eliminar cualquier contradicción con lo resuelto por el máximo tribunal.
Ana María Ibarra Olguín, candidata a ministra de la SCJN, se reunió con integrantes del Colegio de Abogados del Altiplano Tlaxcalteca para dar a conocer su perfil y su propuesta