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A pesar de que las reglas de operación del programa PROSPERA ante llamado OPORTUNIDADES de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), no permiten que un funcionario cobre este tipo de apoyo que otorga el gobierno federal a personas con escasos recursos, la síndico del municipio de Tzompantepec, Martha María Montiel Bolaños recibe dinero de este programa mientras que en la página del Ayuntamiento se revela que sus percepciones mensuales ascienden a 20 mil pesos.
Conforme con el padrón de los beneficiarios del segundo bimestre del 2014, la síndico recibe apoyo por 315 pesos por el concepto de alimentación, 500 pesos para educación y 130 pesos por el rubro de “alimentación complementario”, apoyo que cobra desde julio- agosto del 2002, por lo que lleva doce años percibiendo este beneficio para personas con escasos recursos.
La página de transparencia del Ayuntamiento de Tzompantepec detalla que tiene el segundo sueldo mejor pagado dentro de la administración siendo que está catalogada como funcionario de elección popular nivel “B”, por lo que su sueldo es de 20 mil pesos mensuales, más aparte los viáticos que recibiría para el apoyo en sus labores dentro del gobierno municipal.
Este tipo de contradicciones han acaparado la atención en el municipio, ya que Montiel Bolaños en su momento levantó la denuncia 476/2015/APIZ–3. En contra de quien o quienes resulten responsables por supuestamente falsificación sellos y firmas utilizados en la validación de la Cuenta Pública.
Esto además de que se la síndico se sabe que habría pedido obra pública para su papá, que supuestamente al serle negada comenzarían las diferencias con el alcalde de extracción perredista, al grado de comenzar con las acusaciones por falsificación de firmas que hasta el momento no se tiene datos sobre el avance de la investigación realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Ante esta situación ha comenzado a surgir inconformidades entre integrantes del Cabildo y los mismos pobladores sobre el actuar de la síndico que mientras acusa no haber firmado la Cuenta Pública, cobra programas de asistencia social que no le corresponderían, por lo que incluso podrían fincarle responsabilidades de otro tipo por ser servidora pública y recibir apoyos federales.