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Un grupo de padres y madres de familia denunciaron que el director de la Escuela Secundaria Técnica número uno ubicada en la capital del Estado, ha usado la institución para hacerla su isla de poder ya que pide desde favores sexuales a cambio de algún movimiento administrativo y por medio de cuotas obligatorias se habría enriquecido bajo al amparo de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE).
De acuerdo a la denuncia que obra en poder de este reportero, las mujeres madres de familia sufren de acoso sexual ya que han sido “invitadas” por el director Eliseo Carro Juárez, para hacer un “favor especial” a cambio de que sus hijos puedan ingresar a la institución o en su defecto ser cambiados de turno.
En el escrito puntualizaron además, que les son impuestas cuotas excesivas, pagos duplicados, además de que son obligados a comprar uniformes y útiles escolares en la institución, así como financiar el mantenimiento del edificio público, a pesar que al inicio del curso escolar han aportado sus respectivas cooperaciones.
Señalaron además, que como muestra de la evidente corrupción la expedición de una carta de buena conducta tiene un costo de 600 pesos, así como el pago por concepto de talleres que oscila en 300 pesos promedio para cada alumno, no obstante que al inicio del curso escolar tuvieron que pagar un mil pesos por alumn@.
Además, denunciaron que a la fecha desconocen el destino de los recursos que dejó la venta del autobús escolar, por lo que consideraron necesario se presente un informe por parte del directivo.
Por lo anterior, solicitaron la intervención del Gobernador del Estado Mariano González Zarur, así como del Congreso local y de las autoridades educativas para hacer una investigación a detalle y poner un freno al directivo abusivo ya que según su estimación de los denunciantes suman cerca de un millón de pesos los recursos recabados.
Incluso, adelantaron que entre algunas acciones inmediatas, el próximo lunes habrán de paralizar la institución desde las primeras horas y algunas otras que no quisieron adelantar para evitar que puedan ser boicoteados.
Además no descartaron con proceder penalmente ante las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHT) por la aparente violación a sus derechos humanos.