- Política
Demanda a los gobiernos estatales asumir su responsabilidad en la solución de este flagelo.
La Senadora por Tlaxcala Adriana Dávila, señaló que lo sucedido en la comunidad de Ayotzinapa, Guerrero, es referente obligado de la realidad violenta que azota al país, después de que el Gobierno Federal asumiera el control de la seguridad en el municipio de Iguala luego de la desaparición y supuesta ejecución de 43 normalistas.
En el debate celebrado en el Senado de la República, para repudiar los hechos violentos en el vecino estado de Guerrero, la legisladora apuntó que el gobierno federal omitió su responsabilidad al atender después de 16 meses las denuncias presentadas por diversos actores políticos sobre la filtración del crimen organizado en el ayuntamiento de Iguala.
“Este caso ameritaba segumiento puntual, los actos de violencia son conocidos, reportados por medios de comunicación locales y nacionales. Para nadie es una sorpresa que sin haber tomado acciones correctiva desde hace tiempo, el atropello a los derechos humanos se incrementaba significativamente”, puntualizó.
La Senadora Dávila expresó que mientras los lamentables hechos de Iguala son el reflejo de lo que sucede en otras partes del país, muchos gobernadores han dejado de asumir su responsabilidad en materia de seguridad pública, debido a la simulada estrategia federal en esa materia.
Cuestionó la falta de seguimiento a los controles de confianza de los cuerpos de seguridad, la eficiencia de la gendarmería, la falta de atención para resolver las carencias en los municipios que lamentablemente no cuentan con los instrumentos mínimos para atender los problemas de delincuencia.
Hizo también un llamado a los Partidos Políticos a revisar y reforzar sus métodos de selección de candidatos que buscan el cargo público sólo para servir a intereses del crimen organizado; “el binomio política-delincuencia debe desaparecer por completo, precisó.
Por último, dijo que “México ante la ONU, le comunica al mundo que participará en la conformación de las fuerzas de paz, reconocida como cascos azules. Sin demeritar el anuncio, mucho se tendría que trabajar en el seguimiento de casos como el de Iguala para encontrar la serenidad y la paz, así sea con cascos blancos mexicanos”.
7 de octubre de 2014
Versión de la intervención en tribuna de la senadora Adriana Dávila Fernández al participar en la discusión del punto de acuerdo por el esclarecimiento de los hechos ocurridos de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero
Gracias, señor presidente.
Senadoras y senadores: Las condiciones de inseguridad que se padece hoy en zonas completas del territorio nacional, nos obligan a la reflexión sobre el desempeño de las autoridades en los tres órdenes de gobierno, sus estrategias y en particular a preguntarnos:
¿Si las acciones emprendidas para detectar y neutralizar hechos de violencia, que afectan vidas humanas, han sido eficientes?
Desde el inicio de este sexenio, cuando el Gobierno Federal presenta ante los medios de comunicación, la captura de algunos miembros destacados de la delincuencia organizada, se vanagloria de la utilidad de sus labores de inteligencia, minimizando los logros que en el pasado se obtuvieron.
Hechos violentos que se manifiestan un día y otro también. A pesar de los esfuerzos de este Gobierno Federal, para cambiar la narrativa y evitar la numeraria de las noticias ya cotidianas, desvían el camino triunfalista de políticas públicas en materia de seguridad, que solamente en los spots tienen buenos resultados.
Ayotzinapa, Guerrero, es referente obligado de la realidad violenta que azota al país. Crimen organizado, por un lado; y abuso de fuerzas policiales por el otro. Corrupción e impunidad, binomio que hace dudar de las instituciones y que altera el cotidiano colectivo.
¿A quién puede recurrir la población para vivir pacíficamente?
A la delincuencia organizada se le reconoce por sus acciones al margen de la ley, para obtener beneficios económicos, sin importar, ni respetar las condiciones y circunstancias.
En las acciones de gobierno, hay que señalarlo, entraña la irresponsabilidad en el desempeño de sus funciones y abuso de autoridad, no es posible garantizar la seguridad de los ciudadanos con la violación de los derechos humanos.
El caso de Guerrero, desde hace meses ameritaba seguimiento puntual, los actos de violencia son conocidos, reportados por medios de comunicación locales y nacionales; para nadie es una sorpresa que sin haber tomado acciones correctivas desde hace tiempo el atropello a los derechos humanos se incrementaba significativamente.
Lo que sorprende es la omisión de las tres esferas del poder público ante evidencias que sólo han demostrado la irresponsabilidad de las autoridades para seguridad a los habitantes.
No existe justificación para los hechos de Iguala, aunque el gobierno federal haya determinado una semana después de esos crímenes atroces, y casi año y medio posterior de conocer la filtración del crimen organizado en el gobierno municipal de Iguala, tomar las riendas de la investigación de los 43 normalistas desaparecidos y hacerse cargo de la seguridad de la ciudad.
Al igual que en Michoacán con la sustitución de las fuerzas locales por las federales se pretende dar mensaje de eficiencia política a la opinión pública, que lamentablemente nada ayuda a la solución de fondo de este problema.
¿Qué sigue? ¿Nombrar también un comisionado?
Ese es el federalismo al que han hecho referencia las últimas semanas la bancada del PRI -que lamentablemente hoy no está presente, espero nos estén viendo en sus oficinas-.
De ser así, más de medio país estará en la circunstancia de sustituir a sus autoridades en materia de seguridad, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Morelos, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, por mencionar solo algunos; cambiar la estrategia mediática no cambia la realidad de México.
¿Cómo se le explica a un padre o madre de familia que su hijo menor regresaba del partido de fútbol, cuando en el autobús en el que viajaba fue interceptado por policías para realizar un ajuste de cuentas? Es inaceptable cualquier explicación.
Los datos sobre este caso que han sido evidenciados en los medios de comunicación nos demuestran una vez más que la delincuencia organizada no se detiene para debilitar a la autoridad, pero también que es fundamental, urgente e impostergable revisar el papel de los partidos políticos en la selección de sus candidatos; no se puede gobernar a costa de lo que sea, pero menos pueden ignorarse las denuncias de la presencia del crimen organizado en los cargos públicos.
En Michoacán se denunció, entre otras cosas, la participación con la delincuencia de Jesús Reina, ex secretario de gobierno y de Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex gobernador; en aquél entonces, nada pasó.
En Guerrero, tristemente y sabemos las consecuencias, la combinación entre la delincuencia y la política no puede seguir pasando. El grave problema de este país es la impunidad, hoy se reflejó en Iguala, pero existe lamentablemente también en otras partes de la república, lo sucedido nos llena de indignación, consternación, pero también de vergüenza.
Al inicio de esta administración se nos dijo en este Senado el derecho que el gobierno federal tiene de organizarse en administración pública como desee.
El PAN con responsabilidad respaldó ese derecho, se cambió la Ley Orgánica de la Administración Pública, se creó una súper secretaría, para, entre otras cosas, coordinar los esfuerzos del gobierno federal con los gobiernos estatales en una sola estrategia de seguridad.
En ninguna de estas acciones hubo por parte del PAN frivolidad, como se quiso mencionar, lamentablemente se confundió el concepto de coordinación con el de complacencia y simulación con los gobiernos estatales, muchos gobernadores no han asumido su responsabilidad en la materia, es más, la solapan.
Dónde quedaron los controles de confianza para las policías; dónde está la eficiencia de la gendarmería, cómo resolvemos las carencias en materia de seguridad en los municipios a pesar del enorme presupuesto; cómo está funcionando el mando único.
No es una crítica al gobierno, es un reclamo social dar cuenta por parte del gobierno.
Hago un llamado a este Senado, a no solo conceder, sino a observar y asumir nuestra corresponsabilidad en la solución de este problema. Con discursos complacientes y halagos al gobierno federal no estamos contribuyendo al combate contra el crimen organizado, sí es importante señalar qué está pasando para poder resolverlo; la ceguera política nos puede generar más casos como el de Iguala.
Senadoras y senadores: Hace unos días el Titular del Poder Ejecutivo demandó la responsabilidad del Gobernador del Estado de Guerrero, eso es precisamente lo que demandaron durante 12 años los gobiernos del PAN, porque es inevitable llamar a cuentas a los responsables estatales; pero estos 12 años la petición de no politizar y menos hacerlo un tema de partidos políticos no fue escuchada, celebro que hoy lo pidamos todos, y más agradeceríamos que se le dé la seriedad que merece.
Esclarecer el crimen no es suficiente, se tienen que tomar medidas, determinar responsabilidades y sancionar a los implicados en hechos tan denigrantes, así sean omisiones.
México, ante la Organización de las Naciones Unidas le comunica al mundo que participará en la conformación de las fuerzas de paz, reconocida como Cascos Azules; sin demeritar el anuncio, mucho se tendría que trabajar en el seguimiento de casos como el de Iguala para encontrar la serenidad y la paz, así sea con cascos blancos mexicanos.
Muchas gracias.
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