- Tlaxcala
A cuatro años de haber iniciado el gobierno marianista y a pesar de las investigaciones en torno a la Plaza Bicentenario sigue en la incertidumbre sobre las posibles anomalías financieras y de infraestructura de este inmueble ante la poca capacidad y el cantinfleo por parte de las autoridades que se encargan de investigar e impartir justicia, en este caso la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Alicia Fragoso Sánchez.
En una entrevista reciente Fragoso Sánchez mencionó que hay 11 personas consignadas en relación a quienes están implicados en el caso de la Plaza Bicentenario, mismas que tienen un auto de formal prisión pero que enfrentan en libertad el proceso legal al contar con un amparo otorgado por un Juez federal.
Información obtenida por las fuentes consultadas de la PGJE, se sabe que los hechos que motivaron la probable acción penal contra las personas antes mencionadas tiene como origen la Averiguación Previa 827/2011/ Tlax2, misma que generó el proceso 262/2014, que según la procuradora el delito que se les imputa es el de abuso de autoridad y fraude.
Las personas que tendrían una orden de aprehensión son Jesús Luevano Escalona – ex titular de la Sedeco-, Jesús Gingeni Luevano Rosas –empresario constructor-, Juan Mejía Bonilla, Guillermo Manuel de Jesús Canales Fernández, Felipe Castelán Marini, Jorge Sánchez Nava, Erick Rodríguez Varela, Carlos Villar Bursiaga, Leonel Lima Loaiza, Felipe Cuapio Zompa y Baldomero Ruiz García.
Esta información fue dada a conocer el año pasado y el “tortuguismo” y el cantinfleo continúa por parte de las autoridades que siguen en el mismo discurso sobre las consignaciones pero que en la realidad no se ven reflejadas y que al igual que otras averiguaciones hechas contra ex funcionarios del gobierno anterior sólo han quedado sin efectos por una u otra razón.
La auditoría a la Plaza Bicentenario que fue dada a conocer por funcionarios del gobierno de Mariano González Zarur, se detectó la no ejecución de obra pagada con un importe de 118 millones 320 mil 840 pesos y que las firmas con presunta responsabilidad en este caso son Empresarios Unidos de la Construcción por la cantidad de 32 millones 230 mil 531 pesos, Aljuco Edificación y Diseño por 42 millones 532 mil 488 pesos y Teletec de México por la cifra de 43 millones 547 mil 820 pesos.
Así como algunas otras irregularidades que se encontraron según las auditorias y que la PGJE no ha podido cumplir como ente que se encarga de la procuración de justicia y ha servido más como una dependencia de golpeteo que no logra entregar resultados a más de cuatro años de haber iniciado el gobierno del auto llamado “ultimo de los mohicanos”.