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Los senadores exigen a todas las instituciones que reciben recursos públicos obligaciones que ellos no cumplen.
Los legisladores aprobaron un periodo de gracia de cinco meses en la nueva Ley General de Transparencia para arreglar su desastre administrativo y la discrecionalidad de sus gastos y poder así rendir cuentas como cualquier entidad pública.
"No hay forma de cumplir", reconoció el presidente de la Cámara alta, Miguel Barbosa Huerta, según una nota del periódico Reforma.
El Senado tiene un presupuesto anual de 4 mil millones y es opaco en su ejercicio.
Varios de sus colegas revelaron las razones: caos administrativo, opacidad, discrecionalidad en su gasto y hasta regímenes laborales y fiscales de excepción.
El panista Roberto Gil reconoció públicamente que los recursos para el pago de asesores son depositados directamente en las cuentas de los legisladores y ejercidos a cambio de la entrega de recibos simples que ni siquiera tienen validez fiscal.
"No hay ninguna regla, por ejemplo, relativa al uso de recursos en materia de gestión legislativa. Ninguna. No dice en qué se puede gastar, en qué no, cómo se documenta, cómo se acredita, cómo se comprueba, cómo se lleva la contabilidad de esos recursos.
"No hay una sola regla. Es la discrecionalidad pura y dura", aseguró Gil.
El senador blanquiazul Ernesto Ruffo coincidió en el manejo opaco de los recursos.
"Al personal se le pide un recibo simple con copia de su credencial de elector, pero no es un recibo con validez fiscal. Estamos en un régimen fiscal de excepción", dijo al explicar cómo pagan a sus asesores.
El senador Alejandro Encinas advirtió que, gracias a la ausencia de normatividad, existen "hoyos negros".
Éstos permiten utilizar recursos públicos para el "pastoreo" de senadores o hasta para la contratación de campañas mediáticas, como lo han hecho los legisladores del PVEM.
Tras revelar que algunas comisiones legislativas reciben más dinero que otras, recordó que la Cámara alta entrega recursos públicos al PAN para pagar la renta de oficinas en la Torre Azul, inmueble que fue comprado, en su momento, con recursos provenientes del erario.
"El PVEM contrata espacios en los medios, los cines y espectaculares con dinero del Senado, y el PAN compra inmuebles que luego le renta al Senado.
"Los dos hoyos negros son el manejo de dinero en los grupos parlamentarios y el ejercicio del gasto en las áreas administrativas", señaló.
Podría perderse trabajo legislativo anticorrupción
De hacerle cambios a la minuta del Sistema Nacional Anticorrupción, enviada por la Cámara de Diputados, se corre el riesgo de que el tema se pierda, advirtió el senador priista Enrique Burgos.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado dijo que hacerle cambios al texto implica devolverlo a los diputados, donde ya habría poco tiempo para analizarla, además de que ya cambió la estructura original, pues por lo menos un centenar de diputados pidió licencia.
“Digamos que ya el escenario en la cámara de Diputados está de otro modo, por eso digo que lo ideal sería que aquí lo sacáramos, advirtiendo que hay puntos perfectibles, sin duda, pero ya tendríamos una base”, dijo el legislador según otra nota del periódico Crónica.
Destacó que la minuta enviada por los diputados es un buen documento, que vale la pena por su naturaleza, por la importancia del tema, por la urgencia de aplicarlo y porque está muy bien elaborado.
“Lo ideal sería que se aprobara en sus términos, porque facilitaría, daría mayor rapidez de ser aprobada aquí, iría a los estados para cumplir con el requisito constitucional de más de la mitad de las legislaturas de los estados”, expresó Burgos.
Dijo que la próxima semana la Comisión de Puntos Constitucionales, junto con otras comisiones dictaminadoras, se reunirán martes y miércoles para abordar cuatro temas; la iniciativa presidencial sobre seguridad y justicia; la minuta del Sistema Nacional Anticorrupción; la desindexación del salario mínimo y la reforma política del Distrito Federal.
“Llevamos tarea, porque hay bastante material. Por eso la idea es decir la próxima semana: aquí está todo esto, les damos los antecedentes, recibimos puntos de vista, se la llevan en Semana Santa y regresando, otra vez, convocatoria en comisiones, para decir: ahora sí ya, hay que dictaminar”, señaló.
Sin embargo, el senador panista Jorge Luis Lavalle refirió que la bancada albiazul propondrá algunos cambios.
“Hay varios temas que se quieren enriquecer para darle la mayor certidumbre y la mayor fuerza a este sistema nacional”, dijo el panista.
Añadió que la intención es darle “mayores dientes y facultades” a las procuradurías y darles autonomía.
Indicó que desde hace dos semanas el PAN revisa la minuta, para hacer las observaciones.
El IFAI se queja del poco avance en la ley
Los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) consideraron que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, aprobada en el Senado, dejó sin avances la rendición de cuentas en declaraciones patrimoniales de funcionarios y en temas de derechos humanos.
De acuerdo con otra nota del diario 24 Horas, la propuesta original, enviada en diciembre por el IFAI en conjunto con organizaciones civiles, contemplaba que los funcionarios estaban obligados a hacer pública su declaración de bienes.
Sobre violaciones a los derechos humanos, aquellos casos que se considerarán graves deberían de transparentarse por completo.
Sin embargo, el IFAI reclama que los senadores decidieron dejar esos temas sin cambios, es decir, con la nueva ley de transparencia los funcionarios públicos todavía pueden decidir si hacen pública su declaración, mientras que los sujetos obligados pueden evitar entregar información sobre situaciones de violaciones graves a derechos humanos.
Transparentar la declaración de bienes “junto con derechos humanos, en donde no hay progresión en la ley, se quedan las cosas tal cual como están al día de hoy”, dijo el comisionado Joel Salas.
El integrante del IFAI aseguró que la postura del Instituto fue que se abrieran totalmente las declaraciones de bienes de los funcionarios federales y locales, “dada la coyuntura, la circunstancia, el contexto que vive el país, sería fundamental que toda autoridad pública pudiese ser monitoreada por parte de la ciudadanía, al menos en función de con qué patrimonio llega y con qué patrimonio sale”.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información seguirá su curso legislativo en la Cámara de Diputados, los congresos de las 31 entidades y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ante lo cual los comisionados pidieron al Poder Legislativo aprobarla lo antes posible y sin cambios o, en su caso, enriquecer los artículos que quedaron bajo interpretación.
“Obliga al Congreso de la Unión -en cuanto a la Ley Federal y a los Congresos Locales- a tener una consideración más progresista, inclusive que si esta ley ya tiene sus bondades, esta Ley General; eso no impide que en los Congresos locales y el propio Congreso al expedir la Ley Federal, pueda detallar de mejor manera e inclusive ampliar los efectos que tendrían en materia de derecho de acceso a la información”, manifestó Areli Cano.
A pesar de que no hubo avances en la transparencia de declaraciones patrimoniales y acceso a expedientes de casos de violaciones graves a derechos humanos, el IFAI aseguró que “la Cámara de Senadores estuvo a la altura de su responsabilidad en este proceso; el IFAI fue escuchado, muchos de los puntos que nosotros pusimos en consideración del propio Senado y que fueron coincidentes con la sociedad civil, pues fueron receptivos los senadores en aceptarlos”.
La nueva ley se aplicará a “toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal”.