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Los casos de las cuatro presuntas víctimas de secuestro en su modalidad exprés por el que siete expolicías estatales se encuentran en juicio, fueron fabricados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en base a un indebido proceso que incluyó tortura para autoinculparse, afirmaron abogados de Juan Carlos Yáñez Osornio, uno de los implicados y quien se desempeñó como delegado de la Comisión Estatal de Seguridad en Apizaco, quienes anunciaron que buscarán la protección de la justicia federal para demostrar su inocencia.
Toda una serie de inconsistencias en la cronología de los hechos y las declaraciones de las supuestas víctimas, así como la aplicación del tipo penal de secuestro exprés como especie de "desquite o venganza de tipo político", pone a la PGJE y al propio Gobierno de Mariano González Zarur en una situación muy delicada "cuando la verdad se sepa".
Así lo advirtió el abogado defensor Jorge Lara Rivera, quien en su calidad de exprocurador jurídico de Asuntos Internacionales de la PGR, hizo un llamado "firme" a González Zarur para que revise los casos y después no se conviertan en un mal precedente para la sociedad tlaxcalteca por encarcelamientos injustificados.
En una rueda de prensa donde estuvieron presentes la esposa de Yáñez y la hermana de la exagente Patricia Aguilar Hernández, Lara Rivera recalcó que el común denominador de las detenciones realizadas el pasado 21 de enero fueron las violaciones a los derechos humanos porque no se basaron en una investigación previa, no asistió un abogado, fueron incomunicados, hubo autoincriminación por tortura y no hubo presunción de inocencia.
Asistido por los también abogados Natanael Castelán Iturria y Karla Nuche, el primero denunció que tampoco hubo una "atención oportuna y eficiente del ombudsman" de Tlaxcala Francisco Mixcoatl Antonio, ante las quejas de tortura.
Por si fuera poco, coincidieron en que las cuatro víctimas de los secuestros aceptaron en sus declaraciones tener antecedentes o consumir drogas, y que sus versiones fueron realizadas fuera del plazo de término.
Por su parte, los familiares de Yáñez Osornio y Aguilar Hernández manifestaron que ellos son las víctimas de una injusticia porque no cometieron ningún delito y han sido "sacrificados" en los medios de comunicación por culpa de las autoridades, por lo que demandaron un trato legal para los siete inculpados que de demostrat su inocencia, estarían en la posición de solicitar la reparación total del daño en lo moral y económico.