- Política
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) da un plazo de 30 días para que los legisladores tlaxcaltecas modifiquen nuevamente la Constitución estatal, ya que se extralimitaron en sus funciones. En otras palabras, nuestros diputados querían modificar la Constitución de acuerdo a intereses de grupo y eso no era nada democrático que digamos.
Ahora, los suspirantes a ocupar una diputación local de los diferentes partidos políticos deberán pisar con pies de plomo antes de tomar la decisión de candidatearse por su instituto político; seguramente, muchos darán marcha atrás y, los que ya no tengan más remedio que acatar las decisiones de sus superiores, deberán aceptar y sacrificar sus sueños de estar casi 5 años en el cargo ya que sólo tendrán 1 año y 8 meses para legislar; y, obviamente, eso de legislar no se les da a nuestros estultos diputados tlaxcaltecas; para prueba, basta un botón.
Las afirmaciones de Ángelo Gutiérrez Hernández, Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, al referirse a la resolución final de la SCJN manifestando que ”las resoluciones de la Corte fueron mínimas” muestra un optimismo nada alentador ya que les pasó lo que el siguiente dicho popular nos ha enseñado históricamente: del plato a la boca… Además de esto, debemos recordarle a Gutiérrez Hernández que no sólo se trata de “corregir dos renglones” o de “la aprobación del 98 por ciento de su reforma electoral que lograron”, mucho menos se trata de compararse con otros estados de la República; simplemente, la resolución de la SCJN fue un golpe muy pero muy duro a su modo de legislar, que no olvide sus “errores de dedo”, algo tan simple, tiene consecuencias no esperadas.
Imagínese usted, querido lector, si normalmente muchos diputados no hacen ninguna propuesta de ley con más tiempo, seguramente serán raquíticas sus propuestas legislativas con 1 año y 8 meses. En otras palabras, tendremos, desde nuestro muy particular punto de vista que puede ser discutido públicamente, si es necesario, legisladores de escaparate.
Era muy atractivo para los suspirantes estar en el cargo 4 años y 8 meses; con la resolución de la SCJN, al resolver la controversia constitucional presentada por integrantes de al menos 3 institutos políticos, sus sueños de grandeza, enriquecimiento a costa de los impuestos de los ciudadanos se transformaron en nada.
Y nada será la característica principal de la próxima legislatura local, ya que no tendrán tiempo, voluntad (ellos le llamarán motivación) y mucho menos la preparación suficiente para atender las demandas más urgentes de la sociedad tlaxcalteca que se transformen en leyes.
Ahora bien, las Comisiones de Asuntos Electorales y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, deberán iniciar los trabajos de adecuación ordenados por la SCJN lo más pronto posible, ya que solamente disponen de 30 días para tales efectos y el “saldo blanco” pregonado por Gutiérrez Hernández no fue tan blanco como esperaban; la “vanguardia” en temas electorales, en Tlaxcala, no está muy clara que digamos, tiene ciertos tonos de gris.
Por lo que toca a la elección para gobernador, esta no sufrirá modificaciones, será de 4 años 8 meses; en el caso de las presidencias municipales, no les conviene a los legisladores tocarlas por motivos estratégicos, pues es en estos escenarios en donde entretejen sus planes de acción para los próximos comicios federales del 2018.
Aunado a lo anterior, al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), a cargo de Elizabeth Piedras Martínez, sólo le queda esperar a que los diputados le notifiquen las modificaciones ordenadas por la SCJN en relación a los tiempos de gestión de diputados o alcaldes que, seguramente, los sacrificados serán los diputados por las razones mencionadas en el párrafo anterior.
Finalmente, vale la pena mencionar que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se merecen una felicitación por los aciertos en la tierra de Xicohténcatl, no así en otros casos, ya que sus decisiones han sido muy polémicas y, en varias de ellas se han calificadas de parciales. Por lo pronto, la controversia 103/2015 presentada por el Ministro Alberto Pérez Dayán es un gran acierto para la democracia en nuestro país y en especial, para la entidad tlaxcalteca.