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Ante el retraso de nueve meses en la entrega de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 de los municipios de Chiautempan, Totolac y Contla, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Florentino Domínguez Ordoñez, se pronunció en contra de que se lleve a cabo la instauración de Consejos Municipales tal como lo establece la ley en la materia.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso que en estos momentos la instauración de Concejos Municipales por un retraso superior a los tres meses en la presentación de estados financieros tal como lo establece la Ley Municipal, causaría inestabilidad, dados los tiempos electorales.
En ese sentido, el diputado local declaró que “si en estos momentos se hiciera (aplicar lo establecido en la Ley Municipal) se generaría un caos político sobre todo en una época eminentemente electoral, yo creo que eso no sería lo sano, lo sano sería que se le reconvén a esas autoridades por su falta de cumplimiento pero no podríamos llegar en ese momento a ese escenario”.
Y es que los municipios de Chiautempan, Contla y Totolac tienen un retraso de nueve meses en la entrega de estados financieros correspondientes al ejercicio de 2015, de acuerdo al último informe entregado por el Órgano de Fiscalización Superior al Congreso local.
Pero también los municipios de Nativitas y Tlaxco registran seis meses de retardo; Papalotla, Texoloc y Xaloztoc con cinco meses; mientras que Nanacamilpa y Tenancingo con cuatro meses, por lo que se tendría que aplicar la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en la que establece la suspensión del ayuntamiento si deja de rendir la cuenta pública y los informes financieros de su gestión, sin causa justificada, por más de un trimestre, en su lugar instaurar un Consejo Municipal.
No obstante, la bancada del PRI en el Congreso local se pronunció por privilegiar los acuerdos políticos sobre la aplicación de la ley respecto a las sanciones a las que deben someterse los ayuntamientos morosos en la entrega de sus estados financieros.
Al respecto, Domínguez Ordóñez justificó que “la ley y la prudencia política no chocan, van de la mano, sin embargo el ejercicio del poder y las instituciones deben ser prudentes en la aplicación de la misma”.