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Según la CFC las gasolineras han pagado un sobrecosto que se ha contabilizado en 1,000 millones de pesos.

La Comisión Federal de Competencia (CFC) determinó multar a Petróleos Mexicanos (Pemex) con 1.6 millones de pesos y a Pemex Refinación con otros 651.6 millones por obligar a las gasolineras a contratar las pipas operadas por el personal sindicalizado en el transporte de combustibles entre las terminales de almacenamiento y reparto (TAR) y el punto de venta.

De acuerdo con la CFC, la paraestatal no puede condicionar la venta de combustibles a la contratación del traslado de gasolina y diésel por pipas de la empresa operadas por personal sindicalizado. El regulador exigió a Pemex suprimir la citada práctica en 30 días hábiles, según una nota del periódico El Economista.

Indicó que, por este tipo de prácticas, las gasolineras han pagado un sobrecosto que, en principio, se ha contabilizado en 1,000 millones de pesos; sin embargo, esta cantidad se podría duplicar en función de las revisiones que se hagan en los procesos subsecuentes a la resolución anunciada este lunes.

Según la resolución de la CFC, dicha cantidad incrementa el subsidio al precio de la gasolina (pues el sobre precio del transporte no se refleja en el costo final de los combustibles), por lo que al eliminarse la práctica, el dinero será ahorrado por el erario sin incidir en el precio que el consumidor final paga por el diésel y la gasolina.

La resolución, vigente a partir de la primera hora de este lunes, liberará el mercado del transporte de combustibles una vez efectuadas las ventas de primera mano realizadas a pie en la terminal respectiva.

La autoridad informó que en el expediente DE-024-2010, abierto por la petición de cuatro estaciones de servicio, se determinó que Pemex como organismo coadyuvó en la realización de las prácticas monopólicas de Pemex Refinación y por eso ambas entidades fueron multadas. La CFC refirió que esta actividad está libre para la competencia y que los diferentes tipos de transportista podrán presentar sus tarifas y las estaciones de servicio podrán elegir la que mejor le convenga.

El fundamento legal de la decisión fue que la paraestatal argumentó que el monopolio exclusivo del Estado empieza en la parte industrial del petróleo, que es la producción de petrolíferos y se mantiene hasta la TAR, en donde se lleva a cabo la venta de primera mano y el traslado de propiedad que pasa a manos de la gasolinera quien, con la nueva resolución, puede elegir quién va a llevar el combustible al punto de venta porque el traslado está fuera de la excepción constitucional a la Ley Federal de Competencia.

Desde la perspectiva de la autoridad, lo que ha hecho de manera constante la paraestatal ha sido abusar de su poder de mercado, al obligar a las estaciones de servicio a pagar un servicio de traslado de gasolina y diésel con pipas y personal sindicalizado de Pemex, cuando, en realidad, hay otras opciones, además de que el combustible ya pasó a ser propiedad de las gasolineras.

El monopolio constitucional sobre el diésel y la gasolina terminará exactamente con la firma del contrato de la venta de primera mano, se establece en la resolución de CFC.

Propietarios de estaciones dicen que la CFC se quedó corta

La Asociación de Gasolineros Unidos de los estados de Puebla y Tlaxcala calificó como insignificante la multa de 653 millones de pesos que aplicó la Comisión Federal de Competencia a Petróleos Mexicanos , ya que los condicionamientos de distribución de gasolina y diésel por pipas de la paraestatal siempre han existido, imponiendo sobreprecios de manera histórica.

 Luz María Jiménez, representante de esa agrupación, que cuenta con socios de Chihuahua, Hidalgo y Oaxaca, comentó a El Economista que esa sanción debería ser una de tantas que se deben aplicar a la paraestatal; el caso de Puebla y Jalisco inició con el proceso de cambio para quitar el autoabasto y meter sus autotanques.

Menciona que Pemex ha venido tomando decisiones conforme a su conveniencia en los fletes, pues constantemente cambia las distancias para hacer la distribución de los combustibles con sus pipas.
 
En septiembre del 2012, la asociación denunció que sus afiliados en Puebla recibían a 60% el abasto como medida de castigo a las estaciones que se surtían con equipos propios, por lo cual se surtieron, en aquella ocasión, con combustibles traídos de Veracruz e Hidalgo.

Este problema no afectaba a los consumidores de las capitales de los estados en el centro-sur del país, sino a los automovilistas de poblaciones pequeñas.

La reingeniería de Pemex será una realidad

Emilio Lozoya Austin aseguró que de aprobarse la reforma energética México podría llegar a tener una tasa de extracción de crudo y gas por yacimiento de entre 50 y 60%. “Un resultado extraordinario”, dijo, pues el promedio mundial oscila alrededor de 30%.

En entrevista con el periódico El Universal, el director general de Pemex insistió en que instrumentar un cambio fiscal para la paraestatal no es suficiente, pues lo que se requiere es una verdadera reforma a fondo; de otra forma no habrá recursos suficientes para lograr todos los proyectos que plantea la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal.

Asimismo, negó que la reforma pretenda privatizar la renta petrolera.

El economista egresado del ITAM destacó que los contratos de utilidad compartida, que propone la reforma, se podrán diseñar como “trajes a la medida”, y de esta forma utilizar distintas compañías: unas para el proceso de exploración, y otras para la extracción y producción.

“Lo importante, y eso también lo pretende la iniciativa, “es que estos contratos sean 100% transparentes, auditables y licitados”, y agregó que existe la posibilidad de transformar los contratos de incentivados a contratos de utilidad compartida.
 
Sobre el tema de las refinerías, Lozoya Austin expuso que éstas podrán estar en nuestro país o en el extranjero. Todo dependerá de la que resulte más rentable para los inversionistas, “y, sobretodo, la que ofrezca el combustible más competitivo a los mexicanos”.

Agregó que para reducir la importación de gasolinas se requiere modernizar seis de las siete refinerías existentes, para lo que se necesita una inversión superior a los 40 mil millones de dólares de aquí a 2018.
 

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