- Nacional
- La pensión universal que propone, es sólo un paliativo que no resuelve un problema estructural.
- No deben utilizarse las reformas constitucionales ni la Constitución misma, como un instrumento legitimador de intereses tan mezquinos
El presidente Enrique Peña, recientemente presentó una iniciativa que reforma el mismo precepto constitucional, bajo la denominación de “seguridad social universal”, pero que, según la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, “es limitada y sesgada, porque pretende reconocer los derechos de los adultos mayores, ya amparados por el artículo primero, y establecer por esa vía el Y es derecho a una pensión universal, como si la seguridad social se limitara a ello”.
Y es que a decir de la perredista “el artículo uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la misma, sin distinción de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Por ello, en noviembre de 2012, “presenté una iniciativa que reforma el artículo cuarto de la Constitución con la finalidad de que se reconozca expresamente el derecho a la Seguridad Social, sin considerar la condición socioeconómica o laboral de las personas, con la que se pretende garantizar el acceso a las prestaciones de carácter social que ella conlleva, para todos los mexicanos, de todas las edades, sin distinción de ninguna índole”, destacó la tlaxcalteca.
El Presidente debería considerar en sus propuestas la definición de la Organización Internacional del Trabajo, de la seguridad social como “la protección que la sociedad otorga contra las contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de ingresos a consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte, incluyendo la asistencia médica”.
Bajo esta definición, la propuesta del Ejecutivo no conlleva una visión de derechos, se trata de una artimaña que pretende legitimar otros intereses, como las reformas hacendaria y energética. Se está planteando sólo un paliativo que no resuelve un problema estructural: la precarización de las condiciones laborales de los mexicanos, a favor de los intereses de un sector empresarial rapaz, bajo la visión de mantener ventajas comparativas frente a otros países, que estimulen la inversión en nuestro país.
Sin embargo, puntualizo Lorena Cuéllar, “a treinta años de implantación de reformas de carácter neoliberal, los saldos, siempre negativos, son por todos conocidos. Lo más lamentable es que este tipo de reformas sigan implementándose y que México deba seguir esperando los resultados positivos que, está comprobado, nunca llegarán”.
La propuesta en el Grupo Parlamentario del PRD del Senado, está encaminada hacia el reconocimiento expreso de un derecho humano inalienable, reconocido en el artículo 22 de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que a la letra señala: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
“Esa es nuestra visión y una pensión universal para los adultos mayores, es sólo una prestación más de la seguridad social, no es la seguridad social”, puntualizó Cuéllar Cisneros.
Lo que sí hace la iniciativa del Ejecutivo, es reconocer que se trata de un tema del rango constitucional, sin embargo, en la mezquindad política se evade el reconocimiento del “otro” y, en ese afán, se llega a maniobras burdas que le dan vueltas al asunto con el fin de no aceptar que nuestra propuesta es la adecuada para garantizar prestaciones como la pensión universal y el seguro de desempleo, entre otros beneficios que comprende la Seguridad Social en su conjunto.
No podemos aceptar, finalizo Lorena Cuéllar, “que se utilicen las reformas constitucionales ni la Constitución misma, como un instrumento legitimador de intereses tan mezquinos, ni ensuciarla con medidas paliativas que no van al fondo de los problemas que viven millones de mexicanos excluidos del mercado de trabajo formal y, por ende, de los sistemas de seguridad social, por lo que exigimos que nuestra propuesta sea considerada en el debate sobre el tema. No vemos razón jurídica ni argumento válido para lo contrario, más allá de los intereses políticos del partido en el gobierno”.