- Seguridad
Un negocio redondo estaría llevando a cabo el comandante de la policía de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Pilar Portillo Velazco, quien se presume estaría cobrando a los que tienen orden de aprehensión para no ser detenidos y otorgarles el tiempo necesario para que obtengan un amparo.
Trascendió que al interior de la dependencia, el comandante policiaco maneja alrededor de mil 200 órdenes de aprehensión en la región Tlaxcala y cerca de mil 100 en Apizaco, por lo que tendría en sus manos más de 2 mil documentos que podría utilizar para hacerse de una gratificación por no presentarlos ante los juzgados y dejarlos en libertad para que realicen su amparo y no ser detenidos.
Según personal de la PGJE, su “modus operandi” radica en utilizar la información para detener a los presuntos culpables y amenazarlos con llevarlos a las autoridades, posterior a la detención se presume que negocia su libertad a cambio de una importante suma de dinero, dándoles el tiempo para que los supuestos indiciados promuevan un amparo que los vuelva intocables por la justicia, una de las condiciones que pone el comandante es que días más tarde se presenten voluntariamente a declarar pero ya amparados.
Esta sería la principal razón por la que 4 juzgados tanto del distrito judicial de Guridy y Alcocer como el de Sánchez Piedras, se encuentran sin trabajo y sin poder cumplir con las metas señaladas por partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), ya que en lo que va del año tan solo se han ejecutado unas 10 órdenes, cuando existen un aproximado de 400 órdenes vigentes en cada juzgado, lo que ha provocado una no impartición de justicia debido a que solo habría detenidos cuando supuestamente dan una “mordida” para los policías de investigación.
El elemento policiaco incluso presume ser el escolta del Gobernador Marco Mena, por lo que en consecuencia el procurador no le hará nada y seguirá realizando las supuestas negociaciones con las órdenes de aprehensión.
Se sabe que ya existe una denuncia penal en contra de este comandante en la que se solicita al nuevo titular de la PGJE que tome cartas en el asunto y suspenda a este servidor público que además es señalado de utilizar el cargo para supuestamente extorsionar a la ciudadanía.