- Salud
No obstante de que la empresa Carazzi S.A. de C.V. habría incumplido en la entrega de uniformes para empleados del sector salud, el Gobierno del Estado benefició de nueva cuenta al referido grupo con el que se presume existe complicidad y acuerdos económicos con Blanca Águila Lima, dirigente del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Sector Salud (SNTSA) sección XXVII.
Tras ser aprobado el dictamen económico por segunda ocasión consecutiva el grupo Carazzi con sede en el Estado de México, fue favorecido para la elaboración de uniformes mediante el fallo INV-010/2016 que el Comité de Adquisiciones arrendamientos y servicios del OPD Salud de Tlaxcala le autorizó con poco más de cinco millones de pesos.
No obstante de lo anterior, versiones de personal sindicalizado que labora en el sector salud y por temor a represalias pidió no fuera publicada su identidad, denunciaron que a la fecha no han recibido los uniformes, deportivos entre pants y chamarras correspondientes al 2015 y en contraste ya fue aprobada en la presente semana la adquisición de vestuario y uniformes para OPD Salud de Tlaxcala.
Al respecto, en el portal de transparencia del Gobierno del Estado fue publicada la licitación GET-LPN-055-2016, en la que fue favorecida el grupo Carazzi para la elaboración de uniformes deportivos con poco más de tres millones de pesos y se presume que a la fecha no ha cumplido
Incluso, una de las clausulas señala que la empresa que salga beneficiada en la licitación deberá entregar los uniformes en un plazo no mayor a 20 días, en los hechos sucede lo contrario, por lo que el mismo personal del sector salud no descartó la posibilidad de que exista contubernio entre la empresa y el sindicato.
“Los licitantes adjudicados se comprometen a entregar los bienes en tiempo y forma tal como lo manifestaron en su propuesta técnica, 20 días hábiles posteriores a la notificación del fallo”, precisa la cláusula seis.
Además se le puede rescindir el contrato a la empresa en caso de no respetar los plazos establecidos; “si el proveedor no cumple con las obligaciones contraídas en los plazos pactados en el contrato, se le aplicará una pena convencional de 0.7% por día de retraso”.
“…hasta cinco días, a partir de esa fecha la contratante, determinará si otorga un plazo mayor, aplicando por cada día de retraso una pena convencional hasta llegar máximo al 10% del monto adjudicado antes de IVA o bien, se rescinde el contrato”, agrega la cláusula.
Varios de los sindicalizados lamentaron que su dirigente sindical Blanca Águila los siga pisoteando y utilizando esa representación para fines aparentemente personales, ya que a pesar de que es una prestación a la que tienen derecho, la misma no ha sido respetada.
Finalmente no descartaron que existan acuerdos económicos entre la empresa y el sindicato, toda vez que no reciben sus uniformes en tiempo y formal, aunado a que la dependencia estatal tiene temor de rescindir el contrato a la empresa por presiones políticas de Águila Lima quien también es miembro de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).