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  • Gerardo Santillán
Se lleva a cabo en el Senado de la República foro para mejorar propuesta de nueva Ley contra la trata.

Las modificaciones a la Ley general contra la trata de personas que se discute en el Senado, establece agravantes en las penas a autoridades o funcionarios de cualquier nivel, así como a abogados e incluso asociaciones civiles coludidas en ese delito con fines de explotación sexual, laboral u otros.

Lo anterior, a propósito de que “en Tlaxcala y en todo el país” donde se presenta con mayor fuerza ese fenómeno, “por supuesto” que hay complicidad de diversas personas que tienen acceso a expedientes de personas y lucran con ellos.

En entrevista luego de encabezar el foro “Buenas prácticas internacionales contra la trata de personas” que se lleva a cabo en la sede del Senado de la República, la legislador presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, dijo que es grave el ejemplo de Tlaxcala donde delincuentes confesos ya salieron libres o sentencias que no fueron ratificadas.

“Hay muchos lugres del estado sobre todo en zona sur, donde autoridades están coludidas con los delincuentes, pero eso también pasa en el país (…). Entonces falta política pública de carácter penal sobre lo que estamos haciendo, también de prevención y atención a víctimas y con lo que el Gobierno del Estado tiene que llevar a cabo”, indicó.

Durante la inauguración del foro, la senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, expuso que el trabajo del Senado es lograr que las autoridades, ya sea por desconocimiento o intereses no genuinos de tipo mercantil, no apliquen la Ley.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Lucero Saldaña Pérez, indicó que en 127 de 130 países en la ONU hay víctimas de explotación sexual, además de que es necesario que los estados de la República homologuen sus esfuerzos con la federación para atacar el delito.

En este foro participan representantes de organismo no internacionales tanto nacionales como de otros países, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, diputados locales y procuradores estatales, entre otros, para aportar experiencias para un mejor marco normativo contra la trata de personas.

 

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