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México D.F., a 03 de octubre de 2013, Senado de la República.- Presentó Lorena Cuéllar una proposición con punto de acuerdo relacionado con la propuesta de Pensión Universal y Seguro de Desempleo incluido en la Reforma Hacendaria presentada por EPN.
Como parte de la llamada Reforma Hacendaria, el ejecutivo presentó una iniciativa de reforma constitucional para incluir dos nuevos derechos: el derecho de los adultos mayores a contar con una Pensión Universal que los apoye a cubrir sus gastos básicos de manutención durante la vejez, así como el derecho de los trabajadores a contar con un Seguro de Desempleo que les permita cubrir sus necesidades en tanto logran reincorporarse al mercado laboral formal.
La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros refirió al hacer uso de la tribuna que estos dos nuevos derechos se vienen a sumar al conjunto de los establecidos a lo largo del tiempo. “No se puede estar en desacuerdo con que es de justicia social establecerlos; sin embargo, la historia ha demostrado que el establecimiento de derechos sociales a nivel constitucional no es garantía para que se cumplan en la práctica”, dijo.
Por otra parte, Cuellar señaló que en la forma en que están planteados estos derechos no significan avance alguno hacia un sistema de seguridad social universal, y es que; “los derechos que se pretenden otorgar a los adultos mayores, ya están establecidos desde 2002 en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, por lo que sólo se agrega el de la pensión”, explicó la Tlaxcalteca.
“Por cuanto hace a la pensión universal, la iniciativa propone otorgar $1,092 mensuales a los adultos mayores que cumplan con los siguientes requisitos: -cumplan 65 años de edad a partir del año 2014 y no tengan el carácter de pensionados; -residan en territorio nacional. Tratándose de extranjeros, será requisito haber residido por lo menos 25 años en territorio nacional, -estén inscritos en el Registro Nacional de Población, y tengan un ingreso mensual igual o inferior a quince salarios mínimos, para lo cual realizarán la declaración correspondiente, bajo protesta de decir verdad. De acuerdo con lo anterior, la pensión no se aplicará a los que ya hayan cumplido los 65 años antes de 2014, quitando el carácter universal de la pensión” explicó enfática Cuéllar Cisneros.
La senadora perredista dijo además que el monto de la pensión corresponde al costo de la canasta básica alimentaria calculado por el CONEVAL a junio de 2013 y que se actualizaría anualmente con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). “Lo anterior es cuestionable ya que lo más correcto sería que se actualizara por el valor de la canasta básica que calcula el propio CONEVAL, ya que éste crece en mayor proporción que el INPC y por lo tanto el poder de compra de la pensión se iría reduciendo y ya no se cumpliría con el mandato constitucional”: Cuéllar.
Es importante mencionar que entre enero de 2004 y agosto de 2013, el costo de la canasta básica aumentó 77.1% y el INPC 46.7%.
“Por otra parte, en los transitorios se establece que los adultos mayores que hasta el año 2013 recibieron apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores continuarán recibiendo los mismos, a través de la Pensión Universal. Asimismo se seguirán aplicando los programas de apoyo a adultos mayores establecidos por las entidades federativas”: LCC.
Datos de la CONAPO demuestran que en 2014 sólo se aplicaría la pensión universal al 0.3% de los adultos mayores, siendo la cobertura máxima, hacia 2035 con sólo 4.0% y después volvería a decrecer. Datos que demuestran que ésta pensión no es universal.
Otro aspecto a precisar es que el costo de la pensión también sería reducido. En 2014 sería de sólo 298 millones de pesos, cifra muy inferior al costo de la pensión actual, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se estima en 46,225 millones de pesos.
La propuesta de que el esquema financiero de la pensión sea a través del establecimiento de cuentas individuales para la población que cumpla 18 años a partir de 2014, podría hacer sustentable financieramente el sistema; sin embargo, de acuerdo la CONAPO advierte que el número de personas que cumplan 18 años irá disminuyendo a partir de 2016 y por lo tanto ya no se generarían más cuentas individuales. Por otra parte, al vincularlas a las administradoras de fondos para el retiro (Afores), ocasionaría un negocio adicional para éstas, en detrimento de los recursos destinados a las pensiones.
“En cuanto al seguro de desempleo, la propuesta se limita a los trabajadores formales; aquéllos, afiliados al régimen obligatorio del IMSS o del ISSSTE, al momento de la pérdida del empleo, por lo que los posibles beneficiarios del seguro serían 20 de los 49 millones de personas ocupadas. Además, el seguro se limita a seis meses, decreciendo del 70 al 40% del promedio del salario percibido durante los últimos 24 meses” denunció la tlaxcalteca.
“Otra situación es el financiamiento de este seguro. Se establecería una cuota de 3% del salario base de cotización a cargo de los patrones, la cual no es una nueva carga para los patrones, sino la diferencia del 5 al 2% de las aportaciones para el Fondo Nacional de Vivienda. 2% de la cuota se depositaría en la cuenta individual del trabajador administrada por las Afores y el 1% restante se entregaría al Gobierno Federal para la constitución de un fondo solidario que administraría directamente. Por lo anterior, los trabajadores verían disminuido su fondo de vivienda del 5 al 2% y su cuenta individual se incrementaría en 2% para el seguro de desempleo, por lo que tendrían una pérdida neta de 1%.”: LCC
Siguiendo en ese tenor Cuéllar Cisneros explicó que, en el caso de requerir el seguro de desempleo, se sacarían los recursos de la cuenta individual. Si ésta no alcanza, durante dos años, se usaría hasta el 75% del fondo de vivienda y si aun así no alcanza, se complementaría con los recursos acumulados en el fondo solidario que administra el gobierno. “Como se puede apreciar, el seguro sería financiado con los recursos de los propios trabajadores en detrimento de su fondo de vivienda, por lo que en vez de constituir un derecho adicional, como se trata de vender en la iniciativa, sería un derecho que merma otro derecho, lo cual es inaceptable”; Cuéllar Cisneros.
Otra trampa que se establece en la iniciativa es la propuesta de derogación de la fracción II del Artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, que señala que “Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con 50 o más años de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega del total de los depósitos que se hubieren hecho a su favor, en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores”. Lo anterior obliga a preguntarse sobre la razón para quitar recursos de su propiedad a estos trabajadores y el destino de los mismos, cuestionó la también presidenta de la Comisión de Desarrollo Social.
“Esta iniciativa no aporta nada que conduzca a un sistema de seguridad social universal. La pensión para adultos mayores propuesta tiene un alcance muy limitado y está lejos de ser universal. Los programas asistenciales actuales tienen una mucha mayor cobertura que lo propuesto. El seguro de desempleo, que a fin de cuentas quedará a cargo de los trabajadores, significaría reducir considerablemente su fondo de vivienda, por lo que no se advierte beneficio alguno para los trabajadores": LCC.
Ante ésta situación, es necesario recordar que en diciembre de 2012, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa para incluir en el artículo cuarto de la Constitución, el derecho a la Seguridad Social, sin considerar la condición socioeconómica o laboral de las personas, para así garantizar el acceso a las prestaciones de carácter social a todas y todos los mexicanos.
“Nuestra iniciativa está encaminada a reconocer expresamente el derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad, tal y como lo establece el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, para la OIT, este derecho consiste en la protección que la sociedad otorga contra las contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de ingresos a consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte, incluyendo la asistencia médica”: LCC.
En contraposición, la propuesta del Ejecutivo de “seguridad social universal” es limitada y sesgada. No conlleva una visión de derechos, busca legitimar otros intereses, como las reformas hacendaria y energética y es un paliativo que no resuelve la precarización de las condiciones laborales de los mexicanos, a favor de los intereses de un sector empresarial rapaz, bajo la visión de mantener ventajas comparativas frente a otros países, que estimulen la inversión en nuestro país. Los riesgos que presenta son diversos, entre ellos acotar a un sector mínimo del universo de mexicanos que carecen de las prestaciones mínimas de seguridad social. Asimismo, evade el reconocimiento del “otro” y, en ese afán, se llega a maniobras burdas que le dan vueltas al asunto de brindar una adecuada seguridad social.
“No podemos aceptar que se utilicen las reformas constitucionales, como un instrumento legitimador de intereses tan mezquinos, ni medidas paliativas que no van al fondo de los problemas que viven millones de mexicanos excluidos del mercado de trabajo formal y, por ende, de los sistemas de seguridad social, por lo que es indispensable que se consideren los argumentos de universalidad y progresividad que nuestra propuesta plantea”: dijo Lorena Cuellar al hacer uso de la tribuna.
Finalmente, Lorena Cuéllar solicitó a esa soberanía la aprobación del Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que el análisis de la iniciativa de Decreto por el que se expiden la Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo, así como se reforman, adicionan y derogan diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal, se realice con base en principios de universalidad y progresividad, eficaces, mismos que sean respetados en su financiamiento para la construcción de un verdadero sistema de seguridad social universal.
Pie de Foto.- (La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros exhorta a la Cámara de Diputados al análisis de la iniciativa de decreto por el que se expiden la Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo para la construcción de un verdadero sistema de seguridad social universal).