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  • Leonel Tlalmis / El Sol de Tlaxcala
El argumento es que los elegidos reprobaron el examen escrito y son recomendados de políticos.

Aldo Morales Cruz, ex aspirante para integrar la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado Tlaxcala (Caiptlax), recurrió a la justifica federal para impugnar el procedimiento que los diputados locales implementaron para elegir a los nuevos comisionados, el cual acusó fue ilegal, ya que dos de los ungidos incluso reprobaron el examen escrito.

Aun cuando le fue negada la suspensión provisional por tratarse de actos ya consumados, el Juzgado de Distrito aceptó la demanda del quejoso, cuya audiencia incidental se programó para el 23 de diciembre de este año, para darle el cauce legal correspondiente y analizar si le asiste la razón.

Algunos de los preceptos de violación que atacó Morales Cruz, fue la violación a lo previsto en la convocatoria en torno a los resultados de los exámenes escritos, pues aunque se estableció que para pasar a la siguiente ronda los aspirantes deberían haber acreditado por lo menos el 70 por ciento, hubo dos casos que no alcanzaron este mínimo y hasta fueron designados como comisionados.

De acuerdo con información extraoficial, en este supuesto estaría María Aída González Sarmiento, quien solo obtuvo 50 por ciento de los aciertos, lo que debió dejarla sin derecho de acceder a la siguiente etapa, que fue el examen oral.

Otra violación -indicó el quejoso- es que en ningún momento después del examen oral se me notificó el hecho de haber quedado fuera del proceso por el hecho de que el jurado me considerara inelegible, pues nunca se precisaron los procedimientos o técnicas de evaluación que sirviesen para medir de la manera más legal y transparente posible el desempeño del suscrito en el examen oral.

En este sentido, consideró que se le dejó en estado de indefensión, ya que los órganos del Poder Legislativo de Tlaxcala omitieron establecer el procedimiento adecuado para escuchar su defensa.

También denunció que la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales nunca conformó un expediente parlamentario o su equivalente donde se registraran todos los acontecimientos, actuaciones, diligencias, notificaciones, certificaciones, acuerdos, determinaciones y otros actos legales previstos en la ley.

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