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La Secretaría de Educación Pública (SEP) emplazó a los gobiernos de los estados a entregar para el 15 de enero “información real” acerca del número de comisionados del SNTE, quiénes son, dónde están y qué labores realizan.
La dependencia pretende llevar a cabo una regularización de los maestros asignados a labores de comisión por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aunque debido a que sus actividades no se realizan en aula, éstos quedarán exentos de evaluación.
De acuerdo con una nota del periódico El Universal, la SEP dio a conocer el resultado de una revisión al Registro Nacional de Maestros e identificó que “hay muchos más comisionados” del SNTE en todo el país a lo que se tiene registrado en el padrón vigente.
Además, la dependencia prevé que en el marco de la celebración del Día del Maestro, el próximo 15 de mayo, se podrá lograr un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para crear el mecanismo mediante el cual se iniciará “la regularización del personal comisionado que no podrá ser sujeto de lo dispuesto en la LGSPD (Ley General del Servicio Profesional Docente)”.
La revisión de la nómina nacional, una vez integrados los comisionados llevará a crear un nuevo catálogo ocupacional en la educación básica y media superior que permitirá construir la nueva nómina nacional del magisterio y de los trabajadores de la educación.
El diagnóstico nacional certero llevará a crear el estado de excepción de los trabajadores comisionados, dado que no se les someterá a la evaluación ni a los programas de estímulo que plantea la reforma educativa.
Al hacer público el programa para definir la situación del personal que ostenta plazas con categoría de docente y desempeña funciones no comprendidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente, la SEP anunció que junto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) definirá a lo largo de este año un lineamiento sobre la situación laboral del personal comisionado.
De acuerdo con el transitorio décimo sexto de la Ley General del Servicio Profesional Docente dentro de los 90 días hábiles siguientes al inicio de la vigencia de la ley, los gobiernos de los estados entregarán a la SEP el analítico de plazas del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección y Supervisión en la Educación Básica y Media Superior, ello con el fin de que se “concilie dicha información con la participación que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponda en términos de las disposiciones aplicables”.
A partir de enero de 2015, la SEP tendrá la responsabilidad de realizar el pago a cerca de 2.1 millones de trabajadores de la educación básica.
El documento que establece una ruta de acción de 29 pasos, a cumplirse hasta el 18 de marzo de 2015, es para clarificar la nómina de personal que deberá pagar la SEP. Establece también los criterios para la regularización de los asesores técnicos-pedagógicos, encargados de la aplicación de diversos programas extraordinarios, como Escuelas de Calidad o de Tiempo Completo que ingresaron a la nómina como personal comisionado.
Para ellos se prevé también un plazo de regularización conforme la disponibilidad de las plazas en el sistema educativo.
El programa publicado por la SEP señala que en el marco de la reforma educativa los gobiernos estatales están comprometidos además a dar a conocer, a más tardar el 12 de marzo de 2015, la información sobre las responsabilidades de quienes ocupan una plaza en cada escuela o zona escolar.
Pero en el caso de los comisionados refiere que como resultado del informe de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en el Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (Rename) “es necesario elaborar un diagnóstico integral de este fenómeno”.
Se requiere —agrega— “saber realmente cuántos son y dónde están; su función, perfil que ostentan, su experiencia docente, técnico docente o en el desempeño de funciones de dirección o supervisión”, a fin de definir quiénes quedarán exentos de los procesos de evaluación y quiénes se someterán a lo que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Sin que la SEP mencione en el documento la proporción de comisionados adicionales que se encontraron en sus bases de datos, afirma que tal situación fue reportada a los secretarios de Educación de los estados en el mes de noviembre.
Fue la Oficialía Mayor la encargada de solicitar a las autoridades “entregar la información real del personal denominado como comisionados, a efecto de formular el diagnóstico a nivel nacional”.
La transparencia materia aún pendiente en México
El poder en México considera que hay cierta información que debe ser reservada.
A esa conclusión llegó la presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard, quien el jueves concluye su encargo.
Según otra nota del periódico Reforma, la comisionada aseguró que en los últimos siete años, en cuatro de los cuales le tocó estar al frente del IFAI, ha habido intentonas para acotar a este órgano debido a que la transparencia incomoda al poder.
Estos intentos, indicó, fueron a través de reformas legales que de manera velada pretendían quitarle a las resoluciones del Instituto el carácter de ser definitivas e inatacables.
"La transparencia es incómoda para el poder aquí y en todos lados, porque siempre el poder considera que hay cierta información que debe de ser reservada", aseveró en entrevista.
Peschard, quien concluirá mañana jueves su periodo de siete años como Comisionada, sostuvo que el IFAI es hoy un órgano consolidado de la democracia mexicana y que su principal reto, ahora que gozará de autonomía constitucional, será extender los criterios que ha fijado en materia de transparencia y acceso a la información a los nuevos entes que estarán bajo su autoridad.
"El segundo reto tiene que ver con las atribuciones que ahora tendrá el IFAI con relación a los estados", externó la funcionaria.
"Va a ser una suerte de segunda instancia, y creo que ahí se tendrá que hacer un trabajo para poder comunicar y, al mismo tiempo, lograr que se vayan extendiendo estos criterios y estos procedimientos homogéneos, para que el IFAI pueda ser una instancia en el menor número de los casos", apuntó.
El nuevo IFAI, consideró, tendrá que tener un mayor presupuesto, pues su trabajo y responsabilidades crecerán.
Además, estimó, tendrá que realizar una reorganización interna para lograr ser más eficiente.
Peschard señaló que durante su periodo como comisionada ha sido testigo de cómo ha evolucionado el tema de la transparencia.
Hace siete años, refirió, las solicitudes de información se centraban en el tema de salarios y viáticos.
Hoy, destacó, se enfocan más a cómo se gastan los recursos públicos y si se hace en forma pertinente.
"El grueso, lo fuerte de interés de la población, la agenda social de transparencia es en dónde está el dinero", apuntó.
El IFAI, aseguró, ha evolucionado conforme se han complejizado las solicitudes de información y, por ende, los recursos de revisión.
En la administración pública, criticó, las dependencias y los otros entes obligados han tenido un comportamiento asimétrico, pues mientras unos cumplen satisfactoriamente con sus obligaciones en la materia, otros se resisten a ello.
"Yo creo que con quien hemos tenido mayores dificultades ha sido con la Procuraduría General de la República, con todo lo que tiene que ver con procuración de justicia hay una marcada resistencia", reveló.