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Paisanos chiautempenses que viven en California, Estados Unidos, demandaron la atención del gobernador, Mariano González Zarur, para poder trabajar conjuntamente en los diversos programas de la Sedesol a fin de sumar recursos que sirvan para generar obras y servicios en sus comunidades de origen.
De acuerdo con Silvestre Garza, representante de más de 10 mil migrantes de Chiautempan que habitan los condados de Orange, Ventura y Los Angeles, no ha habido respuesta hasta el momento del jefe del Ejecutivo de Tlaxcala para tener un acercamiento con ellos y, peor aún, la Ley de Protección a Migrantes y sus Familias aprobada en la LIX Legislatura local parece estar “congelada”.
En rueda de prensa en la que se hizo acompañar por integrantes del Cabildo sarapero, el alcalde Antonio Mendoza Romero, confirmó que desde que él impulsó dicho ordenamiento promulgado en diciembre de 2010 cuando fue diputado, éste se encuentra inoperante por falta de conocimiento de instancias del Gobierno del Estado para encauzarlo correctamente, como la Dirección de Atención a Migrantes (DAM).
La reunión convocada fue para que ambos personajes anunciaran una nueva etapa de colaboración entre paisanos y municipio para activar correctamente los programas, a través del cumplimiento de las reglas de operación y la gestión política para comprometer a las autoridades a concretarlos, además de generar los medios que permitan recuperar la confianza de los migrantes que han visto transparencia cuando envían recursos para proyecto o donativos.
Silvestre Garza devolvió este martes la visita que el pasado 7 de febrero hizo Mendoza Romero a Oxnard, California, en el que acordaron una mayor coordinación que permita desarrollar proyectos de agua potable, drenaje y otros de primera necesidad en las diversas comunidades de Santa Ana.
Además de generar los canales de comunicación necesarios con la Sedesol para operar eficientemente sus programas de paisanos, Antonio Mendoza aseguró que el ayuntamiento estaría dispuesto a tomar recursos propios para concretar los proyectos y no queden a medias; de hecho ya hay dos en marcha, una unidad deportiva en Tlalcuapan y una red de agua potable en Cuahuixmatlac.
Al tiempo, el munícipe sarapero pidió a la DAM ser en ente del Ejecutivo local para reactivar la Ley de Protección a Migrantes y sus Familias y “no ser solamente una dependencia que reporte repatriación de cadáveres, remesas a la baja cada vez, estadísticas de gente extraviada, pues es no nos beneficia en nada”.
Y es que dicha Ley está orientada, entre otras cosas, a facilitar la puesta en marcha de los proyectos productivos de paisanos que están en el extranjero, mecanismos de envío seguro de dinero para obras, prioridad a familias de migrantes para trámites y eliminar la burocracia en procedimientos administrativos.