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Algunas dependencias del Poder Ejecutivo local carecen de suficiencia presupuestal para liquidar laudos laborales, ya que de hacerlo, dejarían de realizar programas prioritarios, aseveró el consejero jurídico, Héctor Maldonado Bonilla, quien afirmó que el área a su cargo enfrenta esta problemática.
Expuso que por esta razón, la administración estatal continúa con la estrategia aplicada desde que inició y que es la búsqueda de acercamiento con las partes demandantes, a efecto de seguir en negociación.
“Tenemos una limitante presupuestal en cuanto al número de asuntos que se pueden ir resolviendo, pero fundamentalmente cada dependencia del gobierno del estado, en su momento, tiene que ponderar qué disponibilidad o qué partida tiene para celebrar convenios”, anotó Maldonado Bonilla.
El funcionario destacó que se trata de una situación que depende mucho del presupuesto. “A estas alturas –indicó– hay algunas dependencias, como es el caso de la Consejería Jurídica, que han agotado ya su partida para poder desahogar y pagar algunos asuntos laborales, sobre todo cuantiosos”.
Héctor Maldonado subrayó que cada institución, en lo individual, enfrenta la escasez de fondos para cubrir laudos laborales, de ahí que la Consejería Jurídica realizará un nuevo corte para verificar el número de sentencias dictadas a la fecha.
“Ya que se han cerrado algunos asuntos, no necesariamente se acuerdan laudos, sino que también se han celebrado convenios, en el caso de algunos que apenas están en la etapa de inicio, o bien algunos en los que ni siquiera se ha llegado a dictar el dictamen de la autoridad jurisdiccional”, mencionó.
Maldonado Bonilla refirió que los laudos se encuentran en diferentes fases procesales, por ello la necesidad de efectuar un corte en el primer trimestre del año, como el que se realizó en 2013.
El consejero jurídico recordó que el año pasado, el avance en las resoluciones era de aproximadamente 35 por ciento del total de asuntos laborales, pues en esa cantidad se lograron convenios con los trabajadores que promovieron un juicio para exigir determinada indemnización por despido.
“Ahorita estamos retomando esta cifra para ver cuáles se han ido resolviendo, cuáles otros han ingresado, en fin. Seguimos en esa postura de apertura, pero condicionado a la disponibilidad presupuestal”, enfatizó.
Asimismo, repasó que en los primeros tres años de la administración actual se erogaron alrededor de 23 millones de pesos para pagos por este concepto.
Sin embargo, puntualizó que actualmente es evidente que otras dependencias estatales podrían estar en la misma condición que la Consejería Jurídica, esto es, de falta de dinero para liquidar laudos.
“No debemos perder de vista el tema del presupuesto, pues los recursos ya vienen etiquetados, entonces cada titular no puede ejercerlos de manera diferente, porque ya tienen programas prioritarios”, dijo el funcionario.
Precisó que hay preponderancias en el gasto público, pero en ocasiones por atender una situación de índole laboral, se descuidan algunas acciones importantes. “Por eso cada titular tendrá que ceñirse a su programa de egresos del ejercicio fiscal”, remarcó.