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El Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con sede en Cuernavaca, Morelos, declaró el pasado 6 de marzo inconstitucional el decreto 154 relativo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (PCET) aprobado el 31 de diciembre de 2012, por lo que el gobierno tendrá que reintegrar a sus trabajadores el 6 por ciento de las aportaciones que hicieron a este organismo entre enero y octubre de 2013.
Lo anterior lo dio a conocer la secretaria general del Sindicato 7 de Mayo, Guadalupe Rodríguez Guzmán, quien en conferencia de prensa este lunes detalló que el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito ya resolvió 21 de alrededor de mil 100 amparos en contra de ese decreto aprobado por el Congreso local.
“La resolución de los recursos de revisión a los amparos en contra del decreto 154 que contiene la Ley de Pensiones Civiles ordena que el gobierno debe devolver el 6 por ciento de las cuotas que aportaron los trabajadores a PCET en el periodo de enero a octubre de 2013, mientras que a los jubilados y pensionados se les debe reintegrar el 3 por ciento”, expuso.
Vale anotar que el decreto 154 duplicó de 6 a 12 por ciento la cuotas de aportación a Pensiones Civiles del salario de los trabajadores que cotizan ante este organismo, en tanto que la de los jubilados y pensionados pasó de 3 a 6 por ciento, con la finalidad de fortalecer las arcas de este organismo estatal.
Sin embargo, el Sindicato 7 de Mayo impugnó este decreto ante los juzgados primero y se-gundo de distrito que declararon algunos artículos inconstitucionales de la nueva Ley de Pensiones Civiles, pero los agremiados a esta organización promovieron los recursos de revisión ante el Tribunal Colegiado para que se declarara inconstitucional toda la legislación.
Empero, en octubre de 2013, el Congreso del estado aprobó una nueva Ley de PCET, con lo cual abrogó el decreto 154 del 31 de diciembre de 2012, pero el sindicato mantuvo activos los recursos de revisión y ahora el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito determinó que se reintegren los recursos por concepto del 6 por ciento adicional que se descontó de las cuotas salariales a los trabajadores que cotizan en Pensiones Civiles.
“Esto quiere decir que se van a regresar las cuotas de enero a octubre de 2013 a nuestros compañeros y a todos los que están afiliados a Pensiones Civiles”, apuntó la dirigente.
Por su parte, el asesor jurídico del Sindicato 7 de Mayo, Fredy Muñoz Cuauhtle especificó que en las 21 resoluciones ya emitidas por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito contra el decreto 154 se concede el “amparo liso y llano a favor de los trabajadores quejosos, ya que encontró violaciones severas al proceso legislativo y ha declarado inconstitucionalidad en su totalidad este decreto”.
En consecuencia, agregó que el amparo a los promoventes es en tres conceptos específicos: que no se aplique al quejoso, en el presente ni en el futuro, cualquier precepto derivado de la ley declarada como inconstitucional; que se deje sin efecto cualquier acto concreto de aplicación que hubiere incidido en la esfera jurídica del solicitante del amparo durante el tiempo en que estuvo vigente el decreto declarado inconstitucional; y se devuelvan las diferencias que resulten a favor del trabajador, los actos concretos de aplicación relativos a los descuentos obligatorios previstos en el numeral 29 de la ley reclamada, durante el tiempo que estuvo vigente dicha norma (enero–octubre de 2013), considerando el porcentaje de la cuota que se establecía en el artículo 19 de la Ley de PCET, publicada en el Periódico Oficial del gobierno el 25 de enero de 1984, atribuidas a Pensiones Civiles.
Muñoz Cuauhtle agregó que el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que quedaron de manifiesto las violaciones ocurridas durante el procedimiento legislativo que culminó con la aprobación de la Ley de Pensiones Civiles, reclamada en el juicio de amparo de origen, con lo cual se trasgredieron los derechos fundamentales de legalidad y certeza jurídica, reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, por ello se considera inconstitucional dicha legislación en su totalidad.
Mencionó que el Sindicato 7 de Mayo promovió en total mil 100 amparos contra el decreto 154 y aunque ya se abrogó este documento, dijo que el decreto 196, aprobado en octubre de 2013 por el Congreso local sobre esta misma ley, en sus artículos transitorios cuarto y sexto da vigencia al anterior, pues establece “que los actos ejecutados al amparo de dicho decreto continuarían vigentes” y por ese motivo fue que el Sexto Tribunal
Colegiado de Circuito decidió entrar al estudio de los recursos de revisión y además la instancia de Xalapa también atiende el 50 por ciento de los mil 100 casos.
Por ello, puntualizó que siguen firmes los amparos en contra del decreto 196 que se presentaron en los juzgados de distrito para solicitar la inconstitucionalidad de la Ley de PCET aprobada en octubre de 2013.