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Será hasta el próximo martes cuando los integrantes de la LXI Legislatura local determinen cuál será la respuesta que darán al Tribunal Superior de Justicia en el Estado (Tsje), respecto a la orden que dio para reponer el procedimiento de nombramiento del titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Así lo informó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Roberto Zamora Gracia, quien recordó que pese a la sentencia emitida por los magistrados erigidos en Tribunal de Control Constitucional, el actual titular del OFS, Luciano Crispín Corona Gutiérrez, cuenta con algunos mecanismos de defensa que podrían frenar, aunque sea temporalmente, la resolución de los juristas.
Mencionó que desde la tarde del jueves, los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política (Jcycp), así como diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, comenzaron una serie de reuniones para analizar a fondo la sentencia del Poder Judicial, así como allegarse de toda la información y asesoría legal sobre el caso.
Indicó que independientemente de la acción que emprenda el auditor superior, el Congreso local tendrá que emprender su propia defensa legal, pues tendrán que analizar hasta dónde llegan los alcances de dicha resolución.
"Tendremos que revisar desde la forma en que fue elaborada la convocatoria por parte de los integrantes de la LIX Legislatura, hasta cuántos aspirantes se registraron para ocupar este cargo... se requiere una revisión muy exhaustiva, por lo que será hasta el próximo martes cuando tomemos la decisión final para determinar cómo actuaremos, pero antes debemos saber si el auditor buscará el amparo", refirió.
El legislador panista reiteró que deberán analizar con detenimiento la forma en que procederán jurídicamente, pues además de la respuesta al Poder Judicial, también tendrán que analizar una eventual impugnación sobre los actos emprendidos por Luciano Crispín Corona Gutiérrez.
Lo anterior, porque no descartó que a raíz de esta sentencia, algunos expresidentes municipales que se sintieron afectados con la revisión de sus cuentas públicas, procedan jurídicamente, alegando un posible acto de nulidad, aunque el presidente de la Mesa Directiva aseveró que todos los actos efectuados por el OFS están debidamente protegidos por la ley.