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El tiempo se agota y las leyes no avanzan, de ahí que los legisladores llevarán al límite del periodo ordinario la aprobación de las reformas pendientes.
En el Senado los coordinadores del PRI, del PAN y del PRD reinstalaron la mesa de negociación para la reforma política aunque no fijaron fecha para concluir los trabajos, según se informa en una nota del periódico Reforma.
En ese contexto, el PAN se negó a votar la designación del presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos mientras no se apruebe la reforma político-electoral.
Tampoco hubo acuerdo para el nombramiento de los nuevos comisionados del IFAI.
Los diputados a su vez pospusieron para hoy la discusión de la ley de competencia económica.
A 36 horas de haber abandonado la mesa de diálogo, la oposición logró ayer que el PRI reiniciara las negociaciones de la reforma político-electoral.
El tricolor tuvo que aceptar que la discusión incluyera no sólo el documento circulado por la Secretaría de Gobernación, sino también las propuestas del PAN y el PRD.
Por la mañana, el coordinador de los perredistas, Miguel Barbosa, pidió al tricolor que cejara en su intención de imponer el proyecto que, afirmó, estaba inacabado, lleno de desacuerdos.
"Que el PRI no pretenda imponer un dictamen, porque el documento que fue presentado es producto de un diálogo inconcluso que tiene muchos corchetes y que tiene muchos temas pendientes.
"Que el PRI y el Gobierno federal abandonen la pretensión de imponer como dictamen ese documento", demandó el senador poblano.
Pasado el mediodía, luego de una reunión privada, el coordinador del tricolor en el Senado, Emilio Gamboa, anunció las nuevas condiciones para construir el proyecto de dictamen.
"Se consensó trabajar un documento que (incluye) el que se hizo, el documento del PAN y el documento del PRD.
"Se han fusionado y están trabajando con las ideas, en cada uno de los temas donde haya inquietudes, por parte del PRD o por parte del PAN. Creo que se encontró un buen método", dijo el priista.
Apenas el pasado domingo, el PRI hizo un llamado al diálogo, pero condicionado a que la base de la discusión sería el documento que se había trabajado desde hace cuatro semanas.
Anoche, durante la reunión del denominado "grupo de aproximación", la oposición también consiguió que el PRI accediera a procesar en el paquete electoral la nueva Ley de Propaganda Gubernamental.
Con estas disposiciones, los legisladores pretenden poner un freno al abuso en el uso de recursos públicos para la promoción personal de funcionarios de todos los niveles.
Entrevistados durante un receso de las negociaciones, panistas y perredistas aseguraron incluso que los priistas también accedieron a retomar todos los esquemas de fiscalización establecidos en los transitorios de la Constitución.
El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, informó que se recuperaron conceptos como el aviso previo de contratación, mecanismos de acceso a información fiduciaria, bancaria y fiscal, así como la posibilidad de que el INE contrate a los proveedores, contabilidad homogénea, la contabilidad en línea y la fiscalización preventiva.
"Acordamos que vamos a recuperar la versión previa, en la cual el Consejo General del INE integra una Comisión de Fiscalización que va a darle seguimiento a los trabajos de la Unidad de Fiscalización, como funcionaba el IFE antes de la reforma de 2008", señaló el panista.
En coincidencia con Gil, el perredista Alejandro Encinas detalló que también se trabaja en un acuerdo para poner límites al prorrateo, con el objetivo de frenar conductas abusivas para ocultar rebases en los gastos de campaña.
"Una regulación muy clara, muy precisa que no solamente evite simulaciones, sino también que evite que existan fórmulas de evadir los topes de gastos de las elecciones", agregó.
Los legisladores confiaron en que la propuesta pueda quedar concluida y aprobada antes de que concluya, este miércoles, el periodo ordinario.
Congreso ya se convirtió en un embudo legislativo
El especialista en temas legislativos y ex consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, aseguró que el Congreso se convirtió en un “embudo” producto de los acuerdos alcanzados en el Pacto por México, lo que generó una sobrecarga de obligaciones en las tareas legislativas tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
Según otra nota del periódico El Universal, recordó que en 2013 se aprobaron reformas constitucionales de gran importancia que implican modificaciones o creación de leyes secundarias con plazos establecidos, que al final no se cumplieron debido a la complejidad de cada tema.
Reconoció que no se trata sólo de un problema de conflictos internos de los partidos, pues realmente no hay un parlamento en el mundo “capaz de poder procesar tantas iniciativas de ley... es una sobrecarga imposible de procesar”.
El politólogo de la UNAM, Ulises Corona, coincidió en que este periodo se caracterizó por generar grandes expectativas con pocos resultados y, por ello, las leyes quedaron en el “embudo legislativo”.
Responsabilizó a los operadores políticos del gobierno, como los secretarios de Gobernación, Hacienda, Energía y Comunicaciones y Transportes, de enviar con retraso las leyes y con ello dejaron en el enunciado las “grandes propuestas constitucionales” que aún no se concretan, es decir, faltó un gobierno que llevara las propuestas y se concretaran en el Congreso.
Diputados culpan al Senado de su baja productividad
En la Cámara de Diputados, sólo de las reformas secundarias en telecomunicaciones, energética y político-electoral, anunciadas desde finales de enero, implicaban la modificación o creación de 50 nuevos ordenamientos legales, mismos que quedaron relegados tentativamente para dos periodos extraordinarios que se celebrarían en mayo y junio próximos.
La reforma secundaria en materia energética contempla 27 modificaciones a leyes ya existentes y la creación de siete ordenamientos más, pero hasta ayer no había llegado a San Lázaro, aunque tenía como fecha límite el 19 de abril.
En esas reformas, los diputados dejaron de legislar en este periodo ordinario por lo menos 50 ordenamientos legales que deberían estar listos mañana.
Los diputados tampoco desahogaron sus propias agendas parlamentarias pactadas en sus reuniones plenarias realizadas a principio de año, mismas que acumulaban por lo menos 60 iniciativas.
La Junta de Coordinación Política ya pactó realizar dos periodos extraordinarios para el 7 de mayo y a mediados de junio, a fin de desahogar al menos tres pendientes.
En el primero, para la segunda semana de mayo, discutirían las leyes secundarias de telecomunicaciones y de la político-electoral.
El segundo extraordinario acordado, para mediados de junio, sería para las leyes de telecomunicaciones y energética, según se informa en una nota de El Universal.
La Jucopo reprochó al Senado su poca productividad y lamentó que ante el inminente cierre del periodo, ni siquiera haya discutido las 50 minutas enviadas desde San Lázaro, como la de deuda de estados y municipios; la figura del arraigo, las limitantes de fuero, la pensión universal y el seguro de desempleo, y la nueva reglamentación del sistema ferroviario, entre otras.