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  • Roberto Nava Briones
Asesoría jurídica fue la prioridad del gobernador de Tlaxcala durante el 2013.

En el pasado ejercicio fiscal del 2013, el Gobernador de Tlaxcala Mariano González Zarur gastó 16 millones 110 mil pesos para el pago de salarios de poco más de medio centenar de asesore, mismos que -agrupados en 8 sectores- “orientó” al titular del Poder Ejecutivo en materia de políticas públicas, sociales y manejo de grupos, no obstante la preocupación del priista, radicó en materia jurídica.

Una nota informativa de Alejandro Paredes de Radio Universidad, difundió que con base en las solicitudes de información 30214 y 33014, se desprende que el titular del Poder Ejecutivo, contrató a 54 asesores; cada uno de ellos percibió –en promedio- 24 mil 861 pesos mensuales.

Los asesores de González Zarur se distribuyeron de la siguiente manera: 17 en el área jurídica; 8 en el rubro de políticas públicas, sociales y  manejo de grupo; 6 en materia de desarrollo rural, municipal, industrial, turístico y de difusión de la cultura; otros 6 en cultura, recreación y deporte.

De lo anterior, se traduce que la preocupación del Ejecutivo fue enfrentar procesos legales, al hacerse de los servicios de 17 asesores jurídicos.

Como candidato a la gubernatura, González Zarur manifestó que no habría culto a la persona en su gestión, sin embargo cuenta con 6 asesores en materia de imagen. Además, de 5 en el área contable y financiera; 4 en informática y sistemas computacionales, y 2 en manejo y análisis de personal.

El monto anual para el pago de asesores al servicio de González Zarur  (16 millones 110 mil pesos) en 2013, superó el presupuesto de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del presente ejercicio fiscal que equivale a 10 millones 782 mil pesos ó el del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (FOMTLAX) que es de 11 millones 13 mil pesos, ó más aún, rebasó el presupuesto del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Capacidades Diferentes (6 millones 2 mil pesos), del Fondo de Protección a las Víctimas del Delito y Ayuda a Indigentes Procesados (2 millones 648 mil pesos) del Fideicomiso de Historia (4 millones 29 mil pesos) y de la Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior (1 millón 290 mil pesos), juntos.

El gobernador Mariano González Zarur declaró –durante la entrega al Premio a la Competitividad 2012- que ni el presidente de la República, ni líder sindical alguno, lo regaña por la forma de gobernar, pues se asumió como la máxima autoridad en la Entidad Federativa, nos obstante dijo, “soy una persona que se equivoca todos los días”.

Y aunque la Oficialía Mayor de Gobierno, señale que el esquema de contratación de un asesor del gobernador no genera una relación laboral que vincule a éste último con la actividad pública, de las contribuciones de tlaxcaltecas se pagaron los servicios de los asesores por 16 millones 110 mil pesos el año anterior.

En el capítulo IV de la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala se establece –en su artículo 53- que la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, evaluarán trimestralmente los resultados obtenidos en la aplicación de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, para medir la eficiencia, calidad y obtención de resultados en la Administración Pública, a fin de establecer las medidas correctivas conducentes, sin embargo partidos de oposición como el PAN y PRD han criticado la falta de generación de empleo, de transparencia en el manejo de recursos públicos y de resultados en Seguridad, a tal grado que han requerido la comparecencia -ante el Congreso del Estado- de los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Gisela Santacruz; de Seguridad, Orlando May Zaragoza; de Obras Públicas, Roberto Romano; de Educación, Tomás Munive y del titular de Fomento Agropecuario, Jonathan Bretón, por dudas en el desempeño de sus funciones y respuesta a demandas sociales.

En el tercer año de gestión, que González Zarur ha intitulado de la consolidación, se da cuenta de cambios de titulares en secretarías torales como la de Gobierno, Salud y Finanzas, además de Pensiones Civiles y Coespo. Mientras eso se ventiló a la opinión pública, 54 asesores cobraron más de 16 millones de pesos en 2013 por orientar la cuestionada política pública de la actual administración.

 

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