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Pobladores de 27 comunidades han sido afectados por los constantes accidentes que se registran en esta vía de comunicación

La carretera de cuota que va de Texmelucan a Tlaxcala a lo largo de 22 kilómetros, mejor conocida como la “autopista de la muerte”, por los numerosos accidentes que registra desde su construcción en 1990 se encuentra concesionada hasta el año 2041, esto a pesar de las presuntas irregularidades, además de ser una de los tramos carreteros más caros del país.

El año pasado mediante un punto de acuerdo aprobado de urgente resolución, el Congreso de la Unión se pronunció por verificar la concesión de este tramos carretero y cumpliera con las normas y estándares de seguridad obligatorios.

El 09 de enero de 2013 de igual forma pidieron al gobierno federal  informar por cuantos fue concesionada esta vía debido principalmente a la alta incidencia de accidentes que han afectado a alrededor de 27 comunidades de la región.

De acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), este tramo carretero se concesionó en primera instancia a Autopistas Concesionadas del Altiplano S.A de C.V (AUCAL), misma que se le otorgó la concesión originalmente por 7.5 años a partir del 15 de marzo de 1990 para hacerse cargo de este tramo de 22 kilómetros.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que el plazo para explotar este tramo carretero se modificó a partir de 2010, principalmente por irregularidades observadas como el caso de los accesos a esta vía, en donde mencionar que en prima instancia la concesión fue por 7.5 años para ampliarse 18 años más y lograr un total de 25.5 años.

No obstante, el plazo para el primer concesionario que culminaría en 2015, no se concluyó derivado de los problemas en recaudación y fue por una resolución Judicial que se decidió otorgar la explotación a una empresa que no especificaría su nombre y en el contrato de concesión simplemente aparecería como la concesionaria sin explicar su origen.

Esta explotación del segundo concesionario comenzó en 2010 y culminará en 2041 luego de que le otorgaran a esta “concesionaria”, 25.5 años más para lograr alrededor de 31 años con este permiso.

Una de las principales causas por las que AUCAL habría vendido los derechos a la “La Concesionaria” sería por los daños y perjuicios que provocarían las entradas irregulares a este tramo carretero, por lo que en su momento el primer explotador demandara al gobierno del estado por esta situación.

Sin embargo, en la sentencia dictada por el Primer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito en la Toca Civil 632/2008 reconoció que “el cierre de los accesos irregulares ocasionaría graves repercusiones económicas a los pobladores de las zonas colindantes de los tramos carreteros”.

Fue en el gobierno de Héctor Ortiz Ortiz en 2008 cuando las autoridades estatales habrían ganado a AUCAL el uso de las entradas irregulares para las comunidades aledañas y en 2010 antes de  finalizar el mandato del panista, éste tramo sería concesionado a una empresa que nunca se especifica su procedencia y simplemente aparece en la documentación como “La Concesionaria”.

 

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