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Indignada, impotente y decepcionada por haber sido agredida por el Gobierno del Estado luego de hacer valer un derecho Constitucional a la libre manifestación, maestras jubiladas que pidieron se reservaran sus generales narraron con evidente dolor, los efectos que dejo el desalojo que fueron objeto por policías estatales la tarde del pasado miércoles.
A 24 de horas de haber sufrido la fuerza del Estado bajo la mirada complaciente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) Carmen “N” recordó con lágrimas en los ojos la odisea vivida solo por exigir un derecho que le asiste; “me agredieron me lanzaron gas a los ojos a la cara me ardía sentía yo que me mareaba”.
En el recuento de los daños, recordó con indignación el atropello vivido por haber osado manifestarse en la Junta de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) y recibir gases en la cara y en gran parte del cuerpo; “hoy apenas me di cuenta de esto cuando me bañe, me ardía todo mi cuerpo”.
No obstante de haber sido vulnerada en su físico, Carmen “N” una de las varias personas agredidas compartió la dura experiencia luego de que sus compañer@s de lucha fueron liberados tras haber sido detenidos; “fue terrible pero gracias a eso estuve afuera y pudimos sacar a los compañeros”.
Al ser cuestionada sobre la acción realizada por el Estado y al no poder hacer justicia por mano propia luego de haber sido vejada en sus derechos constitucionales y humanos, implacable en sus aseveraciones resaltó; “me siento impotente, decepcionada que no chingue y que no mame”.
Mientras Carmen recibió el cobijo de sus compañeras, otras más coincidieron en que hubo evidente tráfico de influencias de Karina Torres Vázquez titular de la JLCyA quien ha presumido ser una persona; “muy influyente y cercana al gobernador”
“Y se jactó de decirlo…ya lo demostró con la fuerza con la arbitrariedad…tantísimos granaderos que pidió para personas de tercera edad”, fue parte de los reclamos de los ex trabajadores de la educación hoy pensionados y jubilados.
No obstante de que autoridades estatales justificaron la intervención de la fuerza pública en una dependencia de la actual administración por supuestos daños, no coincidió con los testimoniales de las personas agredidas.
Incluso, otra maestra más recordó la fatídica tarde del miércoles cuando con lujo de la fuerza fue presa del arbitrario desalojo; “a mí me tiraron cuando llegaron con tanta violencia abriéndose paso que fui a dar a una maceta…si me agredieron”.
Luego de haber platicado con varias de las reunidas a las afueras de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la tarde del jueves, de manera gradual optaron por retirarse gradual y alistar una nueva lucha a pesar del riesgo que implica y no obstante de ser un derecho enmarcado en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.