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  • Gerardo Santillán
En el TSJE se abre un proceso administrativo por su responsabilidad en liberaciones anticipadas de presuntos plagiarios

A fin de investigar el actuar de la jueza de ejecuciones y sanciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) María Esther Juanita Munguía Herrera, por su probable responsabilidad en resolutivos de preliberaciones a presuntos secuestradores, el Consejo de la Judicatura le inicio un procedimiento administrativo.

Lo anterior, luego de la denuncia pública que hizo la presidenta de la asociación civil nacional “Alto al Secuestro”, Isabel Miranda de Wallace, sobre que en Tlaxcala se han emitido decisiones legales de liberar anticipadamente a plagiarios, lo cual fue calificado como una situación grave.

Así se dio a conocer este día durante la sesión ordinaria celebrada por los integrantes del TSJE, durante el punto de asuntos generales, cuando el magistrado Jerónimo Popócatl hizo alusión al caso.

Al referir al informe sobre el comportamiento del delito de secuestro a nivel nacional del primer cuatrimestre 2013-2014, considero que se puso en evidencia que en Tlaxcalala magistrada Munguía Herrera "de manera inexplicable está dándole libertad a secuestradores antes de que cumplan siquiera la tercera parte de su condena."

Por ello, solicitó el inicio de un proceso de investigación para que haya seguimiento de la denuncia y se llegue hasta las últimas consecuencias, a fin de garantizar la probidad de la jueza a favor de los justiciables, pero en caso de encontrársele responsabilidad se le sancione como corresponda.

Más tarde en entrevista, Tito Cervantes reconoció que el actuar de los juzgadores siempre está en entredicho, dado que resuelven siempre a favor de una parte y la otra queda inconforme; sin embargo, todos el personal del TSJE está instruido para que se conduzcan conforme a la legalidad y “no pueden arbitrariamente tomar una determinación sino que deben estar siempre sus actos ajustados a la ley”.

Asimismo, dijo que el TSJE va a valor si los jueces van a ser sometidos a exámenes de control de confianza como lo recomendó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Francisco Mixcoatl Antonio, para evitar que incurran en actos de corrupción.

 

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