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Por unanimidad de votos, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización acordaron citar a comparecer a la presidente del Comité de Administración del Congreso local, Eréndira Jiménez Montiel, con la finalidad de que informe cuántos recursos económicos han ingresado a las arcas de este poder por la imposición de multas a alcaldes, síndicos y tesoreros por el retraso en la presentación de cuentas públicas de 2014.
La medida obedece porque ni la Comisión de Finanzas ni el titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Luciano Crispín Corona Gutiérrez, conocen cuántos recursos han ingresado a la cuenta bancaria de la LXI Legislatura por la imposición de sanciones.
De acuerdo con el reporte emanado del OFS, en lo que va del presente ejercicio fiscal, de las cuentas de enero a mayo, se han aplicado 476 multas por la no presentación de los informes.
Según el oficio OFS/2452/2014, signado por el auditor del OFS, de este total, 169 multas fueron impuestas a presidentes municipales, 127 a síndicos y 180 a tesoreros, pues algunos de los 60 alcaldes y funcionarios ya han acumulado hasta cinco penas por su omisión.
El artículo 73 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece que se impondrán multas de 80 a 100 días de salario mínimo cuando el atraso de la cuenta pública sea de hasta un mes; ésta será de hasta 200 días, cuando el atraso sea de hasta dos meses y la pena llegará a 300 salarios cuando el atraso sea de hasta tres meses.
“Si el retraso es imputable a un servidor público y/o autoridad diferente al presidente o al tesorero municipal, éstos lo harán del conocimiento en sesión de cabildo y remitirán al OFS el acta de dicha sesión y la cuenta pública de forma parcial para efecto de no incurrir en responsabilidad”, establece la ley.
El titular del OFS aseguró que las multas se han notificado, pero desconoce cuántas han sido pagadas, pues “la cuenta pública en la que se deposita la sanción es a nombre del Congreso del estado, nosotros no recibimos ese pago”, además de que las autoridades sancionadas gozan de los recursos de defensa para impugnar esas medidas.
Es por ello que los integrantes de la Comisión de Finanzas acordaron llamar al presidente del Comité de Administración para que informe al respecto y dé a conocer qué acciones se realizarán con el dinero de las penas impuestas.