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Guadalupe Ballesteros, a nombre de los 88 policías que fueron encarcelados en 2011 por encabezar el Movimiento Policial, demandaron su reinstalación en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y una disculpa pública al Gobierno de Mariano González Zarur, por los perjuicios que siguen causando las acusaciones hechas en su contra.
En conferencia de prensa luego de confirmar que el Juzgado Primero de lo Penal del Distrito de Guridi y Alcocer, resolvió el pasado 23 de junio la causa ejecutoria de sentencia respecto del proceso 83/2011 por el delito de coalición, también exigió la devolución de las fianzas, el pago de salarios caídos por tres años y demás emolumentos derivados del despido que ya se da por injustificado tras ser exhonerados.
De hecho, planteó que este es el último paquete de los elementos detenidos, lo que da cuenta de que el movimiento que él encabezó en 2001 fue justo y, adelantó, notificará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el fallo para que tal como esa instancia lo prometió, atragia el caso y en su momento determine emita alguna recomendación al Ejecutivo estatal.
Respaldado por algunos de sus compañeros, sostuvo que la absolusión obliga a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a cancelar la foja en que los compañeros firmaban, borrar los antecedentes penales y destruir las fichas antropométricas que los mantiene vetados para poder desempeñar un cargo similar en cualquier fuerza policial.
Ballesteros Arellano, quien está en calidad de suspensión como primer comisario delegado de policía y tránsito y haber pasado año y medio tras las rejas, se congratuló por el fallo judicial, ya que a pesar de los embates gubernamentales y de que los abogados que en un inicio llevaron la causa penal los abandonaron, lograron demostrar su inocencia; sin embargo, adujo que él todavía enfrenta un proceso legal acusado por los delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública.
"Pero lo mas importante es que los compañeros hoy pueden estar libres de cualquier culpa y encontrar un trabajo, ya que por esta situación no han podido desde hace tres años encontrar un empleo formal y eso ha afectado severamente a sus familias", dijo.
Guadalupe Ballesteros advirtió que por haber hecho público el fallo judicial, continuará siendo víctima de hostigamiento porque seguramente es un tema que incomoda al Poder estatal en turno.
Aunque adelantó que pelearán por sus derechos, descartó llevar a cabo manifestaciones públicas para no arriesgarse a ser reprimidos una vez más.