- Nacional
El Senado aprobó anoche en lo general el primer dictamen, de un total de cuatro, de las leyes secundarias en materia energética, referente a la Ley de Hidrocarburos, con lo cual se norma la entrega de contratos para empresas privadas y extranjeras en la exploración y explotación de petróleo y gas.
Luego de una sesión de más de 13 horas y media, y tras 109 intervenciones de senadores, se aprobó el dictamen por 90 votos a favor y 28 en contra.
De acuerdo con una nota del periódico El Universal, el texto avalado por el pleno de la Cámara Alta determina la asignación mediante contratos con las empresas productivas del Estado, Pemex y sus empresas filiales, con particulares o en asociación entre empresas productivas o particulares, entre otros.
Se prevé que el Senado reanude hoy el periodo extraordinario, a partir de las 10 de la mañana, conforme al acuerdo, en sesiones con duración de 12 horas, para continuar con la discusión de artículos en lo particular del primer dictamen.
Una vez que se apruebe en su totalidad, el Senado abordará el segundo dictamen, con el mismo procedimiento. Los senadores calculan que los cuatro dictámenes queden avalados el próximo lunes o martes, aunque mañana decidirán si sesionan el domingo.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Raúl Cervantes (PRI), dio inicio a la sesión a las 11 de la mañana y garantizó el derecho de todos los senadores a debatir y exponer sus argumentos, pero en apego al tiempo de exposición y al reglamento de la Cámara Alta.
El PRD presentó por escrito 22 votos particulares para hablar en contra del dictamen, de los que expusieron 17 en tribuna. Hasta anoche, sumaban mil 108 reservas, entre las bancadas del PRD (846), PAN (250) y PRI (12).
Durante la presentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna (PRI), destacó que con esta norma se busca fomentar el desarrollo de la industria petrolera, a través de asignaciones y contratos, que deberá alcanzar un promedio por lo menos 35% del contenido nacional para el año 2025.
El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, argumentó su voto en contra porque se daña a la nación y enarboló la defensa de la convicción del general Lázaro Cárdenas del Río de que el sector energético sirva a los intereses del país.
“Quienes piensen que el tema termina con las votaciones de estos días, se equivocan rotundamente. La inminente aprobación de estas reformas, lejos de desanimarnos, nos fortalece en nuestras convicciones y lucha por la defensa del petróleo y nuestros recursos energéticos”, dijo Barbosa.
Manuel Bartlett (PT) dijo que la reforma podrá ser aprobada con los votos del PRI, PAN y PVEM, que será revertida en 2015 con la aprobación ciudadana de la consulta popular, y advirtió que Morena reunirá más de 2 millones de firmas.
Salvador Vega (PAN) afirmó que al eliminarse el término de “expropiación” en la Ley de Hidrocarburos, los primeros beneficiados con la reforma energética son los campesinos y ejidatarios.
El dictamen aprobado anoche de la ley energética también prevé en su articulado una contraprestación de entre 0.5% y 2% a los propietarios de tierras bajo la figura de “ocupación temporal”, para explotación de hidrocarburos. Mientras que para la entrada de empresas extranjeras o privadas para venta de gasolinas se adelantó la fecha a partir del 1 de enero de 2016; el Ejecutivo federal pedía en su iniciativa que la entrega de permisos se diera a partir de enero de 2017.
Inicia nueva era petrolera en el país
El Senado pone fin al monopolio de Pemex en gasolinas, transporte y exploración, y fija reglas para los competidores extranjeros.
Lo anterior tras la aprobación en lo general, con el voto del PRI, PAN y Partido Verde, de la Ley de Hidrocarburos, columna vertebral de la reforma energética, con lo cual arranca la nueva era petrolera, al poner fin al monopolio de Pemex en gasolinas, transporte, exploración, extracción y ductos, pero con 80 reglas que impedirán a los competidores extranjeros dejar de pagar impuestos o ignorar las leyes nacionales.
La nueva Ley de Hidrocarburos establece las reglas de la competencia, donde los nacionales tendrán oportunidad de crecer frente a los titanes internacionales.
Según otra nota del periódico Excélsior, las nuevas disposiciones legales permiten la importación de gasolinas por parte de particulares a partir de 2017, suelta el negocio de transporte y ductos de gas y petróleo; crea un árbitro de la competencia; considera a Pemex agente económico dominante para que contenga su poderío a fin de dar espacio a los nuevos competidores; coloca incentivos para que los extranjeros ayuden a México a sacar la riqueza petrolera de aguas profundas del golfo de México y establece las reglas para lograr una cooperación con Estados Unidos para la explotación de los yacimientos transfronterizos.
De igual forma, crea un sistema de protección jurídica para los dueños de las tierras ricas en hidrocarburos, sin incluir la expropiación, incluso los considera “socios” de las grandes empresas para que reciban el beneficio de los energéticos e instruye al gobierno federal a tener un programa de subsidios focalizados para los mexicanos más pobres en las zonas rurales y urbanas para la adquisición de gas LP.
Pero la apertura del sector petrolero, a 76 años de ser el monopolio de Pemex, está acompañada de una serie de medidas que sujetan a los nuevos inversionistas, nacionales e internacionales, pues además de condicionar los contratos al respeto absoluto de las leyes laborales, fiscales, ambientales y de transparencia mexicanas, se crearon disposiciones precisas para evitar que los inversionistas nacionales o extranjeros intenten poner en riesgo la seguridad energética del país al negarse a distribuir o producir gasolina o gas.
“La autoridad que haya expedido el permiso podrá intervenir en la realización de la actividad o la prestación del servicio, cuando el permisionario incumpla sus obligaciones, por causas imputables a éste, y ponga en peligro grave el suministro de los hidrocarburos, gas licuado de petróleo, petrolíferos o petroquímicos relacionados con el objeto del permiso”, precisa la Ley de Hidrocarburos.
Cuando el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera en 1938, explicó a la nación que las empresas extranjeras conspiraban contra su gobierno y se negaban a acatar las leyes del país.
Ocurrió que las compañías petroleras internacionales se negaron sistemáticamente a acatar las leyes nacionales, entre ellas las laborales, a pesar de que la Suprema Corte anunció que era obligación de las empresas aumentar el salario a los trabajadores, agrupados en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; no pagaban impuestos y cuando querían, dejaban al país sin abastecimiento de hidrocarburos.
El dictamen aprobado ayer por el pleno del Senado en lo general precisa que cuando las autoridades encargadas de dar los contratos decida intervenir para evitar que el permisionario deje de cumplir con su compromiso, podrá utilizar al mismo personal del operador para prestar el servicio.
“La autoridad deberá notificar al permisionario la causa que motiva la intervención y señalar un plazo para subsanarla. Si dentro del plazo establecido el permisionario no la corrige, la autoridad procederá a la intervención, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades en las que, en su caso, incurra el Permisionario.
Aclara que los asignatarios, quienes serán los que extraigan petróleo y gas, están obligados a respetar las leyes laborales, fiscales, ambientales y de transparencia del país, y con ello el escenario del exceso de poder de las empresas extranjeras se esfuma.
Amén de rescindir los contratos y tomar control de las instalaciones, el Estado, a través de la Secretaría de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía y las secretarías de Hacienda y Economía, podrán aplicar un catálogo de 42 tipos de sanciones.
La mínima de esas sanciones es de 15 mil días de salario mínimo y la máxima es por 7.5 millones de veces del salario mínimo; hay dos tipos de sanciones máximas de 75 mil veces el salario; una de hasta 750 mil veces; siete de hasta 225 mil veces; dos de hasta cinco mil veces; ocho de hasta 450 mil veces; una de hasta 15 mil veces; siete de hasta 300 mil veces; una de mil 700 veces y cuatro de hasta 150 mil veces.
Las multas más graves son de hasta 7.5 millones de veces el salario mínimo a quien sin asignación o contrato realice labores de exploración y extracción de hidrocarburos, así como contra la empresa que proporcione información falsa, alterada o simule registros de contabilidad.
Multas de hasta seis millones de veces el salario mínimo a quien realice actividades de desarrollo y producción de hidrocarburos sin el sistema de medición aprobado por la Comisión o a quien sin autorización realice cesión, enajenación, traspaso o gravamen total o parcial de los derechos u obligaciones derivados de un contrato para la exploración y extracción.