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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Gobierno del Estado, firmaron este jueves el convenio "Escuelas libres de violencia, un compromiso de todos", que pretende involucrar a todos los actores sociales para prevenir y erradicar la violencia escolar; el acto marcó el inicio de la estrategia, mediante un protocolo de actuación que el SNTE entregará a todos los gobernadores del país y a los 1.6 millones de maestros del nivel básico.
Se trata de un documento integrado por 10 compromisos diseñados conjuntamente por la CNDH, el SNTE, la Asociación Nacional de Padres de Familia y otras organizaciones sociales que busca: fomentar el respeto a la dignidad de los demás; promover la inclusión, tolerancia y equidad; asimismo, la empatía y el diálogo; el respeto a los derechos y el cumplimiento de responsabilidades.
Igualmente, la construcción de comunidades educativas libres de violencia; generar consensos plurales para prevenir y atender la violencia; promover la cultura de la legalidad; el valor de la solidaridad; así como la promoción de la cultura democrática y el estado de derecho.
En el salón "Joaquín Cisneros Molina" del Centro Expositor de Tlaxcala se llevó a cabo la ceremonia que fue transmitida a nivel nacional a través del canal del SNTE por internet, para poner en marcha simultáneamente las acciones conjuntas entre instituciones, maestros, padres de familia y alumnos ante un problema que no es de coyuntura, sino que es real, "por lo que debemos fortalecer los vínculos entre todos los actores para combatir la proliferación del bullying (...), debemos evitar que siga escalando y generar que las escuelas sigan siendo el espacio más seguro de todos”, apuntó en su momento el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva.
Junto con él, signaron el compromiso el líder nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre; el gobernador, Mariano González Zarur; la presidenta de la asociación civil "Educadores somos todos", Silvia Garza Garza; así como representantes de los poderes Legislativo y Judicial locales, entre otros, aunque destaco significativamente la ausencia del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Francisco Mixcoatl Antonio.
Cientos de maestros al servicio de la educación abarrotaron el salón a tal grado que al final de la ceremonia, en la apresurada salida de las figuras políticas y sociales que acudieron hubo atropellos y empujones.
Antes de ello, Díaz de la Torre enfatizó que con este protocolo "se acredita en los hechos que las cosas sucedan, no sólo basta con diagnosticarlas", y recordó que en el país hay 24 millones de alumnos de primaria y secundaria, 1.6 millones de docentes y de ellos, 260 mil ya realizaron un curso de capacitación en derechos humanos, de los que 12 corresponden a Tlaxcala.
Por su parte, González Zarur hizo el compromiso de aplicar la decena de compromisos en los dos mil 103 planteles de "todos los niveles de educación que existen en el estado", además de anotar que en Tlaxcala existen 370 mil estudiantes de todos los sectores escolares que representan el 31.5 por ciento de la población total; "la violencia es un fenómeno que no sólo sucede en las escuelas sino que trasciende en otros ámbitos sociales, es un llamado de atención para los nieles de gobierno, sistema educativo, para las familias, para la sociedad en general, por ello nos hemos reunidos porque no basta con preocuparse sino que hay que ocuparse".
Una petición clave en la ceremonia, fue la que hizo el responsable de participación social de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Ramón Ramos Cervantes, quien pidió a las instancias legislativas locales y federales, trabajar en las modificaciones constitucionales que permitan a los maestros recuperar sus facultades de imponer disciplina y respeto entre los alumnos "como era antes", así como reglamentar a las empresas que producen programas que mal educan a los niños a través de las nuevas tecnologías.