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Con la finalidad de tipificar el cobro de deudas o supuestas deudas, en las que se utilice la violencia por cualquier medio, ya sea, personal, por la vía telefónica, escrita, oral, o por medios digitales, o utilizando el descredito social, el diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, propuso reformar el Código Penal, relativo a los delitos contra la libertad y seguridad personal.
En tribuna, el panista, resaltó la imperante necesidad entre los ciudadanos, de procurarse un bienestar familiar y ante la recurrente crisis económica que enfrenta el país, quienes se ven en la imperiosa necesidad de comprar bienes muebles, inmuebles, servicios de consumo a crédito, o bien adquirir créditos ante bancos o empresas de las que se auto denominan de crédito familiar que a su vez implican endeudamientos largos y difíciles de pagar y que en suma no se pagan en los términos que en un inicio se pactara entre institución y un particular.
Agregó que “son bastantes las circunstancias y razones por las que el pueblo recurre a endeudamientos por necesidad, y en ocasiones su capacidad de pago se ve superada por las deudas contraídas a lo largo de las diferentes temporadas del año y por diversos factores, como son la crisis económica, el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo, así como las elevadas tasas de interés, o bien por el excesivo pago de intereses ordinarios y moratorios, el cobro de gastos de ejecución y en general cobros ilegales”.
Temoltzin Martínez, sostuvo que esa situación; “ha originado que las personas que adquirieron créditos, recurran en un sobreendeudamiento que genera que la cartera vencida del crédito al consumo, y que según datos aportados por la comisión nacional bancaria y de valores a enero de este año, la cartera vencida de la banca comercial por créditos al consumo de las personas o familias, tarjetas de crédito, prestamos de nómina como garantía de pago y personales a llegado a los treinta y cuatro mil millones de pesos”.
Asimismo, destacó en su exposición que; “existe un importante número de familias con problemas de sobreendeudamiento, lo que se convierte en un problema de orden social”.
Tras lo expuesto, sostuvo en tribuna; “pero esto se agrava aún más cuando los deudores no conocen sus derechos y hasta qué punto esas instituciones acreedoras pueden hacer un cobro extra judicial siendo esta una de las razones que motivan esta iniciativa y adicionar al código penal un precepto legal que defienda a quienes son víctimas de este tipo de prácticas ilegales excesivas y sin fundamento para hacer un cobro”.
Además, el panista precisó que el fenómeno referido, es; “la falta de liquidez de los deudores, ha propiciado que los acreedores contraten despachos jurídicos o gestores de cobranza extrajudicial, que mediante la práctica de métodos indebidos e ilegítimos recuperan la cartera vencida…solo por citar un ejemplo de ello en el estado de Tlaxcala se podría hablar de financieras e instituciones dedicadas a extender crédito familiar”.
Por lo anterior, destacó que; “estos actos ilegales traducidos y disfrazados en métodos, incluyen la intimidación de variadas formas, como son las llamadas telefónicas diurnas, nocturnas y aun de madrugada con un alto contenido de violencia verbal, con el deliberado fin de causar daño psicológico tanto al deudor como a sus familias”.
Además del; “descredito con pegotes en la puerta de su domicilio exhibiendo de manera imprudente ante la vista de vecinos con la divulgación de la deuda, de igual manera en su trabajo, con familiares o vecinos amenazas de embargo de bienes o de privación de la libertad”.
Y en general; “hechos que violentan de manera dolosa la libertad y seguridad del deudor y a su familia, exponiéndolos al descredito y desprecio social…acciones que evidentemente son excesivas, e ilegales y que trasgreden valores importantes del ser humano y de la sociedad y que en el estado de Tlaxcala no es la excepción ya que en la vida diaria es bien sabido por todos que este tipo de cobros se da en nuestro estado”.
En consecuencia, José Gilberto Temoltzin dijo que con la finalidad de sancionar aquellas “personas” que laboran en despachos jurídicos, contables o cualquier representante de instituciones bancarias o tiendas departamentales, que mediante amenazas y demás prácticas ilegales que pretendan cobrar a personas que hayan incurrido en mora “propongo la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el capítulo X Bis del título séptimo, relativo a los delitos contra la libertad y seguridad personal del código penal que entrará en vigor el 31 de diciembre del dos mil catorce en el estado de Tlaxcala para tipificar el cobro de deudas o supuestas deudas, en las que se utilice la violencia por cualquier medio, ya sea, personal, por la vía telefónica, escrita, oral, o por medios digitales, o utilizando el descredito social”.
La adición al nuevo código penal para el estado de Tlaxcala que entrará en vigor el 31 de diciembre del dos mil catorce, propuesta como parte del reclamo justo y legítimo de personas que han sido molestadas reiteradamente en su persona, bienes y familia, por particulares, que han violado el más elemental derecho a la privacidad y la inviolabilidad del domicilio, así como la tranquilidad del núcleo familiar que no respetan los procedimientos legales.
Finalmente, estipuló en el artículo 281 Bis., que; “quien por medio de la violencia, amenaza, hostigamiento, descredito, o intimidación solicite a otro el pago de una deuda o supuesta deuda, propia o como aval o de quien funja como referencia, fuera de los procedimientos establecidos por la ley, se le sancionara con prisión de seis meses a dos años de prisión y multa de ciento ochenta a trecientos sesenta días de salario mínimo vigente en el región”.