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Dos años después de la muerte de una niña en los cursos de verano organizados por el Ayuntamiento de Sanctorum, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 03/2014 en contra de la comuna y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que inicien procedimiento administrativo y de sanción penal en contra de tres exfuncionarios municipales, tres agentes del Ministerio Público y una perito en medicina forense.
Los hechos tuvieron lugar el 23 de julio de 2012 cuando a la menor de cinco años le cayó en la cabeza una máquina de tortillas, y tras iniciarse una queja por parte de los familiares, la Primera Visitaduría de la CEDH recién concluyó que quien fuera directora del DIF municipal, Verenice García Saldivar, el exsecretario del Ayuntamiento, David Martínez Tenopala, y el exdirector jurídico, Enrique Flores Ortega, no tomaron las previsiones debidas para la realización de los cursos, por lo que la comuna debe “facultar a la instancia correspondiente para que instaure procedimiento administrativo (…) y previa substanciación se les sancione conforme a derecho corresponda”.
En tanto, los agentes ministeriales Wilberth Roldán Vázquez, Germán Ahuactzi Ahuactzi y Delia Molina Arroyo, junto con la perito en medicina forense, María del Pilar Pozos Moreno, cometieron abusos de autoridad en la administración de justicia dentro de la averiguación previa 311/2012-CALP-2, pues la escena del incidente se alteró.
Adicionalmente, la recomendación que fue entregada a las partes involucradas este mismo martes, exhorta al Ayuntamiento como institución pública que repare el daño de manera económica a los familiares en base a las sugerencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque el monto tendrá que ser acordado entre los afectados y el municipio, así como ofrecer una disculpa pública, dijo en conferencia de prensa el ombudsman, Francisco Mixcoatl Antonio.
La CEDH también pidió se inicie averiguación previa en contra Enrique Flores Ortega, exdirector jurídico del municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, “por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público, y delito de falsedad en informes dados a una autoridad”.
Mixcoatl Antonio justificó que debido a que las personas involucradas en los hechos recurrieron a la justicia para desahogar la situación, fue que se retrasó la emisión de la recomendación por la muerte de Dulce Marahy Castillo García, nombre que fue relevado esta misma mañana por el centro de derechos humanos “Fray Julián Garcés”.