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Con la conferencia ‘Los derechos humanos en México’, el ombudsman Francisco Mixcoatl Antonio participó en el seminario internacional ‘El defensor del pueblo: nuevos conceptos, perspectivas y desafíos del siglo XXI’, en el que tomaron parte titulares de organismos públicos de derechos humanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Honduras, México, Paraguay y Uruguay.
Durante su intervención, el presidente de la CEDH resaltó la importancia que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011, ha tenido y tendrá en el sistema jurídico mexicano, pues sostuvo que representa el más importante cambio normativo desde la promulgación de la constitución federal de 1917.
Mixcoatl Antonio señaló que, en México, el discurso político de los derechos humanos cobró mayor vigencia a raíz de la debacle del partido hegemónico que gobernó por más de 70 años al país.
Sin embargo, consideró que los avances en materia de derechos humanos han estado encaminados mayormente a la elaboración de medidas legislativas, administrativas y ejecutivas protectoras de la dignidad de la persona, y lamentó que la realidad aún contraste con el discurso político.
“El legado histórico del autoritarismo, la simulación y las viejas prácticas son una herencia que se ha enquistado en el subconsciente de la colectividad, por lo que aunque ha existido alternancia política con ciertos signos de democracia, las viejas prácticas han sido retomadas por los partidos políticos que han arribado al poder”, expresó.
La ponencia de Mixcoatl Antonio formó parte de los cuatro paneles de trabajo organizados, en este seminario internacional, por el Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensor del Pueblo y la Defensoría del Pueblo de Vicente López, durante los días 9 y 10 de octubre en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Además del ombudsman tlaxcalteca, en la reunión especializada de naturaleza técnica y académica tomaron parte los también mexicanos Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y Miguel Nava Alvarado, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.