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Acepta la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la recomendación 03/2014 emitida la semana pasada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), derivado del caso de la niña de cinco años que murió durante unos cursos de verano organizados en julio de 2012 por el DIF municipal de Sanctorum.
Al respecto, la titular de la PGJE, Alicia Fragoso Sánchez, dijo en entrevista que ya se abrió una averiguación previa en contra de los agentes ministeriales Wilberth Roldán Vázquez, Germán Ahuactzi Ahuactzi y Delia Molina Arroyo, así como la perito en medicina forense, María del Pilar Pozos Moreno, por la probable comisión de abusos de autoridad en la administración de justicia sobre la averiguación previa 311/2012-CALP-2.
Dijo que la instrucción recomendada por la CEDH ya fue acatada y en el caso de la perito se dio vista a la Contraloría del Ejecutivo para que inicia un procedimiento administrativo en su contra.
“Yo no puedo (proceder) porque cometería un exceso y caería en abuso de autoridad. Tenemos que seguir los procedimientos porque si no vamos a violar sus garantías individuales”, señaló en entrevista.
Recordó que fue el entonces director jurídico de Sanctorum, Enrique Flores Ortega, el que en su momento movió algunos objetos y alteró la escena de los hechos, pero sí se tiene que iniciar averiguación previa contra los elementos adscritos a la PGJE para deslindar responsabilidad.
En ese sentido, la procuradora subrayó que los agentes ministeriales continúan en funciones hasta que concluya la investigación, por lo que no se les puede dar de baja hasta agotar la misma a efecto de no atentar contra sus garantías.
“No puedo suspenderlos pero he platicado con ellos, con sus titulares inmediatos también y entonces saben que tienen que eficientar su trabajo pues están bajo la lupa”, enfatizó Fragoso Sánchez.
El 23 de julio de 2012, a la menor Dulce Marahy Castillo le cayó en la cabeza una máquina de tortillas y murió al llegar a un hospital en la ciudad de Calpulalpan, lo que dio paso a un proceso judicial confuso.
Por parte del municipio de Sanctorum, los exfuncionarios responsables son: la exdirectora del DIF municipal, Verenice García Saldivar, el exsecretario del Ayuntamiento, David Martínez Tenopala, y el exdirector jurídico, Enrique Flores Ortega, quienes no tomaron las previsiones debidas para la realización de los cursos de verano.