- Gobierno
El ciudadano José Antonio Francisco Llaguno Alonso solicitó al Congreso del estado apruebe una partida de 26 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de 2015, con la finalidad de que le sea pagado un adeudo que tiene la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) desde el ejercicio fiscal de 2008.
A través de un escrito y por medio de su abogado, Hugo Gaspar García Domínguez, quien hasta hace un par de años fungió como integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en calidad de representante Poder Ejecutivo a propuesta del gobernador Mariano González Zarur, el quejoso solicitó la intervención de los diputados a fin de que se le cubra ese pago, el cual fue litigado y sancionado a su favor por la justicia federal a través de un juicio mercantil.
El demandante relató que desde el año 2008 promovió un juicio mercantil en contra del gobierno del estado, mismo que quedó registrado con el número de expediente 1354/2008, que condena al Poder Ejecutivo, particularmente a la Secretaría de Fomento Agropecuario, a realizar este pago.
En el documento, en el que no se establecen los motivos del litigio, abundó que dentro del procedimiento jurisdiccional radicado en el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, hay una sentencia que ha sido declarada ejecutoria, dictada el 6 de julio de 2012 y por la cual, en esa fecha, el adeudo era por 15 millones 534 mil 336.15 pesos.
Sin embargo, ante las prácticas dilatorias expresadas en su momento, en una interlocutoria con fecha 16 de enero de 2013, la autoridad judicial aprobó la liquidación de sentencia definitiva, en la que el Ejecutivo local y la Sefoa fueron condenados al pago de 21 millones 437 mil 383.83 pesos, con números hasta el año 2012.
Pero dicho pago no se ha realizado, pese al mandato judicial, por lo que advirtió a los diputados que a la fecha, el adeudo principal, los intereses legales, los gastos y costos judiciales, los pasivos que arrastra la administración estatal con Llaguno Alonso “rebasan la cantidad de 26 millones de pesos”.
Y “en razón de que esta cantidad es a cargo del Poder Ejecutivo de Tlaxcala, considero que deberá incluirse en el apartado de pasivos que deberán pagarse a más tardar dentro del ejercicio fiscal 2015”, refiere, al tiempo que advierte que de no realizarse el finiquito total del adeudo decretado de manera firme por las autoridades jurisdiccionales, éste generará daños y perjuicios al patrimonio del estado, lo que puede ser constitutivo de delitos y responsabilidades políticas y administrativas.