- Seguridad
Culpa la PGJE a la SEGOB y al C-3, de haber cesado a casi medio centenar de agentes ministeriales, jefes de grupo, operativos y comandantes quienes habrían sido suspendidos de sus funciones por aparente consumo de drogas, problemas mentales y físicos, mentirosos y hasta por ser viejos, y soslaya la falta de perfil profesional del director encargado de la Policía Ministerial.
Y es que después de que fueron corridos el pasado fin de semana, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) negó emitir alguna postura al respecto, ya que fue una decisión que dependió directamente del Secretario de Gobierno Ernesto Ordoñez Carrera, tras los resultados que arrojaron los exámenes de confianza que se aplicaron en el C-3.
Cabe hacer mención, que los exámenes de confianza incluyen entre otras cosas, exámenes generales, médicos, toxicológico, psicológico y hasta polígrafo, a los que son sometidos todos los trabajadores de la dependencia referida.
En este rubro, son evaluados los servidores públicos, para detectar desde la ingesta de drogas, que no tengan problemas físicos y mentales, que sean personas en las que se pueda confiar, ser joven, e incluso no presentar sobre peso ya que esa sería una causa para ser suspendido de la corporación.
Por lo anterior, la PGJE a través del área de prensa evitó entrar en detalle para conocer con precisión el número así como las causales que provocó que la dependencia se quedara sin personal, bajo el argumento que alertaría al hampa organizada para que hagan de las suyas en la entidad.
Incluso, la PGJE precisó que la salida del ex director de la policía ministerial Olegario Atonal, se debió a que se jubiló y en su lugar fue nombrado César Maza Rodríguez, como encargado.
Sin embargo, la misma dependencia no pudo informar sobre el perfil profesional del servidor público, ya que su único mérito fue ser comandante de grupo.
Y es que de los poco más de 200 policías ministeriales que integran la corporación en la entidad, la cuarta parte de ellos fueron despedidos sin recibir sus finiquitos conforme a la Ley, ya que no se tomaron en cuenta los años de antigüedad, situación en la que la PGJE tampoco pudo informar.