- Apizaco
Si bien el Congreso de estado le aprobó la cuenta pública de su último año como alcalde de Apizaco, Orlando Santacruz Carreño, enfrenta dos procesos administrativos iniciados por el gobierno municipal de Jorge Luis Vázquez Rodríguez por un monto que supera los 30 millones de pesos.
Los procesos administrativos fueron ordenados por la Secretaría de la Función Pública a nivel federal y tienen que ver con el manejo de los recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) –cerca de 20 millones de pesos- y los correspondientes al Fondo de Infraestructura Social Municipal -alrededor de 13 millones de pesos-.
En el primer caso simplemente no hay ninguna comprobación que respalde la ejecución de esos fondos y en el segundo se detectó que existen obras con mínimos avances y que sin embargo fueron pagadas al 100 por ciento por la administración de Orlando Santacruz.
Incluso, los fondos del Subsemun correspondientes al 2012 y 2013 fueron sujetos a una revisión por parte de la Contraloría del Ejecutivo - la auditoría número TLAX/SUBSEMUN-APIZACO/14- hace unas semanas, pero esa instancia no pudo llevar a cabo la fiscalización porque nunca tuvo acceso a la información contable.
La semana pasada, Anaí Hernández Sánchez , síndico del municipio de Apizaco confirmó la existencia de los dos procedimientos que no sólo involucran al edil, sino al ex tesorero Víctor Buitrón, al ex director de Obras, José Alberto Carmona Dávila, así como también podría llegar hasta el actual diputado panista, Julio Hernández, quien se desempeñó como síndico en el ayuntamiento.
De acuerdo con información recabada, se sabe que Buitrón y Carmona ya comparecieron para dar su versión sobre el manejo de los recursos, sin embargo Orlando Santacruz no se ha presentado, según él, por cuestionables familiares.
Se espera que en los próximos días la administración de Jorge Luis Vázquez emita un informe sobre esos dos procedimientos a la Secretaría de la Función Pública, instancia que podrá asumir el control de la investigación y proceder a imponer las sanciones legales si se comprueba el mal manejo de esos recursos públicos.