- Tlaxcala
Como consecuencia de la marcha que se llevó a cabo en Tlaxcala el día de ayer que pide el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ayotzinapa Guerrero que pretende que se dé con el paradero de los 43 estudiantes secuestrados y desaparecidos, la respuesta por parte de las autoridades policiacas fue avasalladora, con un operativo que mostraba la precaución hacía una marcha estudiantil acompañada de familiares que exigen sus derechos.
Al respecto una normalista de la escuela Normal Rural “Benito Juárez” señaló que fue excesivo el operativo implementado por las diversas fuerzas policiacas de los distintos niveles de gobierno, generando miedo y nerviosismo entre la población, además de generar un clima de provocación entre quienes acudieron de manera pacífica a protestar por la desaparición de 43 de sus compañeros en Ayotzinapa.
Incluso acompañada de sus compañeros de Ayotzinapa hicieron mención que en otros puntos del país no había encontrado tal presencia policíaca y de igual manera no habían visto tanta apatía como sucedió en Tlaxcala en donde pensaron encontrarían mayor respuesta para exigir justicia ante los hechos sucedidos en septiembre pasado.
Y es que dijeron que desde que llegaron hubo una presencia abrumadora de policías tanto en la entrada de la ciudad como a lo largo de su marcha, presencia que pudo ser percibida por parte de la ciudadanía en diferentes puntos de la capital.
Los estudiantes comentaron que para el día de hoy se realizará la mega marcha en la ciudad de México, en donde se juntarán los otros contingentes que visitaron otros estados del país para que de manera coordinada exijan a las autoridades federales esclarezcan los hechos sucedidos y no se vulneren los derechos de quienes se encuentran desaparecidos en una clara complicidad entre el gobierno y la delincuencia.
Ante esta situación exigieron la destitución del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam y del presidente de la República Enrique Peña Nieto a casi dos meses de que desaparecieran los estudiantes como producto de un acuerdo entre la administración de Iguala y el crimen organizado.